Madrid. Los tiempos de la política en la Unión Europea (UE) son lentos, a veces demasiado lentos. España y Portugal, que hace ya más de mes y medio anunciaron un plan de emergencia para paliar los efectos del incremento del precio de la gasolina, siguen a la espera de que las instituciones europeas den su visto bueno a la propuesta de la llamada excepcionalidad ibérica. Para ganar tiempo, el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de Ministros el mecanismo que entrará en vigor una vez que la UE lo admita y que pretende fijar unos límites al precio del gas para la generación eléctrica, que en este caso será de un máximo de 50 euros.

El 29 de marzo pasado, en una reu­nión de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, los representantes de España y Portugal anunciaron un pacto histórico que pondría límite a los estragos que está causando el precio del gas y la gasolina, en cotas inéditas, y que está provocando a su vez una espiral de inflación insoportable para la economía familiar. El dichoso pacto sigue pendiente de que los técnicos de ambos países y de la UE fijen las condiciones para que no se vulneren sobre todo los preceptos fijados en la legislación de competencia, que es precisamente donde las principales multinacionales de la energía, con Iberdrola y Enel a la cabeza, fijaron su interés para detener o al menos minimizar el alcance del plan de rescate. De hecho, sus maniobras, siempre tras bambalinas, están detrás de los retrasos, dudas y hasta cuestionamientos europeos de los planes trazados por los gobiernos de España y Portugal, los dos países de la región con la mayor tasa de desempleo y que actualmente están registrando las peores cifras de inflación, por encima de 8 por ciento en lo que va del año.

El presidente Sánchez, en su afán por allanar el terreno y calmar la cada vez más encendida crispación social, decidió adelantar la aprobación del plan de rescate que, eso sí, está supeditado a los tiempos de la UE, con lo que no entrará en vigor mientras las instituciones comunitarias no aprueben la propuesta. Y quizá también tendrá que ser modificado, en caso de que las condiciones impuestas por Bruselas no coincidan totalmente con las propuestas de Lisboa y Madrid, como previsiblemente será.

“Nosotros pensamos que se podrá publicar en el Boletín Oficial del Estado de mañana, si hubiera cualquier retraso el lunes, pero la aprobación total queda supeditada a la aprobación formal de la Unión Europea (UE) y sus procedimientos internos podrían llevar incluso dos semanas”, reconoció la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Entre las medidas más importantes del plan está finalmente claro uno de los aspectos más polémicos y es el de aclarar quiénes tendrán la obligación de pagar la diferencia entre el tope máximo fijado y el precio de mercado, que en ocasiones puede superar en seis y hasta siete veces 50 euros. En un primer borrador se admitió que serían los propios consumidores, pero después de la polémica que provocó esta idea inicial finalmente el gobierno optó por fijar por ley que sean las propias empresas energéticas las que cubran esa diferencia, bajo el argumento de que también han sido beneficiarias de ganancias inesperadas por la crisis energética.

El mecanismo durará unos 12 meses y permitirá fijar el precio medio del gas en torno a esos 50 euros el megavatio hora (MWh) –comenzando por 40 euros para ir luego subiendo hasta 48.8 euros–, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros MWh.