n grupo de directivos y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) instaló el lunes pasado un antimonumento en memoria a las víctimas del derrumbe de una sección de la línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021 y en el cual fallecieron 26 personas y 103 resultaron heridas.

De acuerdo con los integrantes de ese partido, el artefacto colocado en la esquina de avenida Juárez y Paseo de la Reforma, en la capital del país, tiene la finalidad de recordar que las víctimas exigen justicia y denunciar la corrupción y negligencia de Morena.

Lo primero que resalta en este acto de la derecha es la usurpación de los símbolos y los métodos de lucha de la sociedad.

En efecto, la práctica de erigir antimonumentos viene de los esfuerzos de las víctimas, su entorno social de apoyo y activistas para visibilizar demandas que la autoridad y los medios de comunicación hegemónicos se empeñan en ignorar, estigmatizar y tergiversar: precisamente por ello, algunos de los antimonumentos más emblemáticos son los levantados para recordar la tragedia de la guardería ABC, a los jóvenes estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a las mujeres que han muerto a causa de la violencia machista.

El gran ausente en el acto de exhibicionismo de este sector de la clase política fue precisamente la sociedad, a la cual ni se consultó ni se invitó.

Quizá esta ausencia se explica por el cinismo que enmarca al fallido intento del panismo de identificarse con las víctimas: quienes participaron en el desfiguro eran conscientes de que el público les habría recordado episodios como la operación de Estado montada por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa para silenciar a los padres de familia que perdieron a sus hijos en la guardería ABC y para garantizar impunidad a los familiares del mandatario involucrados en la cadena de negligencias criminales que llevó al incendio del 5 de junio de 2009.

También se arriesgaban a que alguien les reprochara que la madrugada del 4 de mayo de 2006 el gobierno panista de Vicente Fox Quesada y el priísta de Enrique Peña Nieto ordenaron uno de los operativos policiacos más infames de la historia mexicana: el asalto contra San Salvador Atenco, en el municipio de Texcoco.

Para quienes han dado voz a las víctimas por convicción y no por un impresentable oportunismo, es indeleble el recuerdo del abuso de la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual sistemática contra las mujeres y la revictimización mediática que caracterizaron a la venganza del ex presidente panista contra quienes se opusieron a la destrucción del lago de Texcoco para construir un fallido aeropuerto.

La justicia ciertamente debe llegar para quienes resultaron lesionados o perdieron a un ser querido en el trágico accidente de hace un año, y hasta ahora se han presentado avances sustanciales mediante mecanismos de justicia restaurativa, si bien falta concretar el castigo a los responsables –un retraso que, en parte, se explica por la complejidad de las indagatorias en un caso con tantas implicaciones técnicas–.

Lo evidente es que demostraciones como la del panismo nada tienen que ver con el apoyo a las víctimas, sino con el deseo de instrumentar una tragedia con fines electoreros y de golpeteo político.