Con objeto de identificar, seguir e interceptar naves que trafican con drogas –principalmente hacia Estados Unidos–, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para garantizar el dominio pleno sobre el espacio aéreo.

La política de resguardo del espacio aéreo quedaría a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y sus aviones tendrán prioridad de vuelo en casos de operaciones contra la delincuencia organizada, según se define en el proyecto recibido ayer en la Cámara de Diputados y turnado a comisiones para su análisis.

El mandatario propuso a la cámara una ley de protección del espacio aéreo mexicano y, al explicar el motivo de la iniciativa, expuso: El Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que, en 2019, ingresaron a ese país 118 toneladas de cocaína por vía aérea, con un valor de 135 mil millones de pesos.

En la exposición de motivos, el mandatario informó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha detectado irregularidades en operaciones de aviación privada como licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación en pistas clandestinas y funcionarios que facilitan vuelos ilícitos, entre otras.

Actualmente, indicó, están bajo observación 281 pilotos, operaciones de 274 aeronaves y 26 empresas cuyos empleados han incurrido en anomalías de funcionamiento u operación.

Como parte de la vigilancia actual, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021 se han emitido 720 alertas aéreas provocadas por naves que no se ajustaron a la reglamentación y 88 de éstas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por violar el espacio aéreo mexicano.

El mandatario detalló a los legisladores que los vuelos de la delincuencia organizada no sólo implican el tráfico de drogas, también representan un riesgo de accidentes para la aviación civil, debido a que pueden invadir rutas de aviones comerciales o privados.

La iniciativa plantea que la Sedena encabece un sistema de control y que se constituya un centro nacional de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, que sería el encargado de operar los medios de detección, identificación e intercepción aérea de vuelos clandestinos.