ran las 11 de la mañana del pasado 25 de abril cuando decenas de indígenas wixárika pertenecientes a la comunidad de Waut+a –San Sebastián Teponahuaxtlán– y Kuruxi Manuwe –Tuxpan–, pertenecientes a los municipios de Mezquitic y Bolaños, estado de Jalisco, iniciaron una marcha desde la primera comunidad mencionada, rumbo a la Ciudad de México, en busca de una audiencia con el Presidente de la República, para plantearle el añejo problema que sufren, derivado de la invasión de 10 mil 700 hectáreas en Huajimic y 800 en Puente de Camotlán, llevada a cabo por ganaderos de los municipios del municipio de La Yesca, Nayarit. No quieren dialogar con ningún enviado o representante del titular del Ejecutivo, porque por décadas lo han hecho y lo único que han logrado es que le den largas a su asunto. Tampoco pueden suspender su periplo, pues es un mandato de su asamblea general celebrada del 5 al 7 de marzo, refrendada con una ceremonia a Tatei Yurienaka, la madre tierra, y la promesa de que la defenderán.

Los marchistas traen su historia a cuestas para demostrar lo justo de sus demandas y que nadie les diga que piden algo que no les pertenece, o que quieren apropiarse de bienes ajenos. Las tierras que reclaman están amparadas por un título virreinal que en 1718 les extendió la corona española, es decir, que las tierras que reclaman son suyas desde antes que se formara el Estado mexicano. Siglos después, el título fue refrendado por las autoridades mexicanas competentes y con base en él se dictó una resolución presidencial el 15 de julio de 1953, reconociendo a Waut+a y Kuruxi Manuwe una superficie de 240 mil 447 hectáreas, misma que fue ejecutada el 2 de noviembre del mismo año. Pero había un problema: desde 1906 familias de ganaderos habían invadido las tierras amparadas en el titulo virreinal sin que ninguno de los invasores hiciera valer algún derecho durante la titulación de las tierras y tampoco ninguna autoridad hizo algo por que desalojaran las tierras que ocupaban y que se titularon a los wixárikas.

El asunto se ha enredado entre juicios agrarios, la mayoría ganados por los wixárikas, cuyas sentencias difícilmente se ejecutan, y planes del gobierno federal para resolver conflictos agrarios que amenazan con convertirse en problemas sociales y desbordar la gobernabilidad. Desde 2007 los afectados por la invasión han instaurado 54 juicios agrarios demandando la restitución de sus tierras invadidas por los ganaderos, nueve iniciados en febrero de este año, contra los herederos de Francisco Quintanilla por casi 2 mil 500 hectáreas, previa negociación con esta familia en la lógica de llegar a convenios en un plazo próximo. Los invasores, por su parte, en una estrategia de defensa, en 2014 demandaron la nulidad de la resolución presidencial del 15 de julio de 1953, que reconoció y tituló las tierras de los wixárikas, juicio que a la fecha continúa en trámite. El tribunal agrario que conoce de los casos ha dictado 16 sentencias firmes, de las cuales sólo ha sido posible ejecutar cuatro que amparan menos de 300 hectáreas.

Las 12 sentencias firmes restantes no ha sido posible de ejecutarlas por la oposición violenta de los invasores y la omisión de las autoridades estatales para hacer valer la ley. En esa situación, desde 2012 los representantes agrarios de Waut+a y Kuruxi Manuwe han buscado soluciones alternas al problema. Una fue solicitud de incorporación del caso al Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), para que se pagara a los ganaderos y acepten la ejecución de las sentencias dictadas en su contra, pero el asunto pereció entre las redes burocráticas. Los últimos esfuerzos se realizaron el 27 de diciembre de 2018, cuando los representantes agrarios de Waut+a y Kuruxi Manuwe se reunieron con el procurador agrario y el vocero presidencial, entre otros funcionarios, acordando la instalación de una mesa interinstitucional coordinada por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Sin embargo, los resultados de esta mesa han sido insatisfactorios, pues sólo se ha logrado la ejecución de dos sentencias que amparan 41 hectáreas de las más de 10 mil 700 que se demandan.

Todo esto cuentan los wixárikas mientras caminan rumbo a la Ciudad de México, con la esperanza que el Presidente los reciba y escuche lo que tienen que decirle. Sería bueno que el mandatario lo hiciera, como ya lo hizo el 17 de noviembre pasado con otro grupo de ellos que le demandó otra atención para otros problemas, donde incluso aprovechó para mandatar al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas la implementación de un plan que atienda los problemas. Obviamente, la solución requiere voluntad política, pues se trata de trascender las visiones burocráticas para la atención de estos temas, que no son sólo de los wixarikas, sino de muchos pueblos indígenas del país. Una cosa es segura: sus demandas tienen legitimidad y el derecho les asiste; tanto, que los tribunales ya han fallado en su favor. Lo que hace falta es destrabar la red de intereses que impiden que el derecho se aplique.

La marcha wixárika en defensa de su territorio sucede mientras en otras latitudes del país luchas similares son sometidas o reprimidas por redes de interés económicos y políticos. Al parecer los pueblos indígenas están despertando de tres años de un gobierno que les prometió cambios profundos que a la mitad del camino no ven. Y se mueven para provocar que éstos sucedan.

Veremos qué ocurre.

Y muy pronto.