La Cámara de Diputados aprobó aplazar a octubre la entrada en vigor del nuevo modelo de justicia laboral en su tercera y última etapa, la cual considera 11 entidades federativas, debido a problemas de calendarios presupuestales, de obra y de equipamiento de instalaciones.

Se tenía previsto que esa fase, en la que las juntas de Conciliación y Arbitraje son sustituidas por centros de conciliación y tribunales laborales, arrancara en mayo próximo, pero los legisladores acordaron, por 449 votos a favor, dar un lapso adicional de cinco meses.

El morenista Irán Santiago Manuel explicó que esa medida otorga un plazo mayor para la entrada en funcionamiento de los tribunales laborales y centros de conciliación en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Yucatán.

Al respaldar la solicitud de prórroga presentada por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, consideró fundamental que los estados tengan las condiciones necesarias para equipamiento e inicio de funciones de las nuevas instituciones laborales.

La también morenista Susana Prieto exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, si es necesario, solicite a la Secretaría de Hacienda partidas extras para que el Consejo de la Judicatura Federal instale los nuevos tribunales.

El Congreso de la Unión aprobó en noviembre de 2021 un monto de 689.3 millones de pesos para los 11 estados restantes donde entrará en operación la tercera y última fase del nuevo sistema.

En su primera sesión del año, el consejo de coordinación explicó que la prórroga contempla a las entidades con una mayor actividad económica e industrial y, por ende, donde se presentan altas tasas de conflictividad laboral.

Del total de las aportaciones o subsidios federales, Nuevo León concentra el mayor monto, con 100.1 millones de pesos para las nuevas instituciones; en situación similar se encuentra Jalisco.

Para la Ciudad de México se tienen contemplados 88.6 millones de pesos: 38.5 para centros de conciliación y poco más de 50 millones corresponden a tribunales laborales. Le siguen Sonora y Chihuahua con la mayor cantidad de recursos asignados.

Para Tamaulipas, uno de los estados que concentra la industria maquiladora y con una intensa actividad de legitimación de contratos colectivos, sólo se contemplan 42.9 millones de pesos; un monto similar corresponde a Sinaloa y Michoacán.

Con el aplazamiento, en los próximos cinco meses las juntas de Conciliación y Arbitraje seguirán recibiendo demandas de trabajadores. La reforma contempla sustituirlas por centros de conciliación y tribunales laborales, que dependen del Poder Judicial, a fin de acelerar la resolución de los conflictos.

La reforma laboral ya opera en 21 estados.