Con una denuncia por peculado de 12 mil millones de pesos y otra por irregularidades administrativas, el ex gobernador morenista de Baja California Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) regresa al Senado luego de más de tres años.

Bonilla Valdez pidió licencia el 6 de diciembre de 2018 para separarse de su escaño por tiempo indefinido, a fin de contender por la gubernatura de su entidad.

Debido a que no pudo prolongar su mandato de dos a cinco años –como pretendía, por medio de una reforma impulsada por él mismo y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, sólo se desempeñó como mandatario estatal del 1º de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Cinco meses después de terminada su gestión, en un escueto oficio fechado el 25 de marzo y dirigido a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, notificó su determinación de reincorporarse de forma inmediata a sus tareas legislativas.

Las denuncias contra el ex mandatario y seis de sus colaboradores fueron presentadas ante la Fiscalía General del estado, así como en la Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública estatal por la actual administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena.

Están acusados de concretar ilegalmente un contrato con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, tarea que es competencia exclusiva de la Federación.

Además, según integrantes del gobierno de Ávila Olmeda, el convenio ocasionó estragos a las finanzas de la entidad al comprometer parte de las participaciones federales para el pago de la obra por medio de un fideicomiso.

Entre otros asuntos pendientes que dejó el gobierno de Bonilla Valdez hay un litigio con la empresa Sumex por haberle cancelado de manera unilateral el contrato que tenía por 29 años para proporcionar energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana.

El convenio fue cedido a la compañía Orca, aunque en la actualidad es la Comisión Federal de Electricidad la que brinda este servicio en la modalidad de suministro de último recurso con un precio mensual de 120 millones de pesos.

Al morenista también se le recuerda en el estado por haber pretendido expropiar el Club Campestre de Tijuana para hacer un área verde, pero sus propietarios solicitaron amparo de la justicia federal.

El también empresario congeló el Sistema Estatal Anticorrupción, que pidió investigar casos de moches para contratos gubernamentales; también dejó acéfalos a la fiscalía para investigar delitos cometidos por servidores públicos y al área del Tribunal de Justicia Administrativa que indagaba hechos graves de corrupción.

En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver como posibilidad que Jaime Bonilla se incorporaría a su gobierno, lo cual no ocurrió.

(Con información de Andrea Becerril)