Río de Janeiro. ¿Qué tiene que ver la crisis en Ucrania con lo que ocurre en las profundidades de la selva amazónica? A primera vista, son dos realidades distantes, pero la globalización conectó los dos mundos: las sanciones a Rusia podrían dificultar el acceso de Brasil a los fertilizantes, básicos para su pujante sector agrícola, y el gobierno quiere solucionarlo abriendo las tierras indígenas a la explotación minera en busca de potasio.

Es injustificable, absurdo, inaceptable. Es una propuesta que va en contra de los derechos indígenas asegurados en la Constitución, se lamentaba la diputada Joenia Wapichana, la única parlamentaria indígena de Brasil.

Brasil es el mayor productor de alimentos del mundo, su economía se basa en buena parte en la exportación de materias primas, como soya, maíz o café. Esas plantaciones crecen con la ayuda de fertilizantes que en su gran mayoría se importan de Rusia, 55 millones de toneladas el año pasado, pero ahora hay reserva para sólo tres meses.

El presidente Jair Bolsonaro dio un nuevo impulso a su viejo proyecto de ley para permitir la minería en tierras indígenas, alegando que allí hay grandes reservas de potasio y que el país no se puede permitir el lujo de desperdiciarlas.