l ex líder estudiantil Gabriel Boric asumió ayer la Presidencia de Chile en medio de enormes expectativas de cambio y con una lista apabullante de desafíos por delante. Desde el primer momento, su gestión marca distancia con las formaciones y la clase política que se alternaron el poder desde el regreso formal a la democracia hace tres décadas: con gestos simbólicos como la ausencia de corbata, pero también con diferencias sustantivas como la mayoría de mujeres en el gabinete, la presencia en el mismo de luchadores sociales habituados a ser oposición o el anuncio de que se desistirá en la persecución judicial contra las personas arrestadas en el curso de las grandes protestas sociales de 2019. Sin embargo, también se abre espacio para la continuidad: el propio Boric promete no un giro radical sino reformas graduales. El nombramiento del ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, al frente del Ministerio de Hacienda es una señal más alentadora para los grandes capitales que para quienes votaron con la esperanza de poner fin a la noche neoliberal.

En su discurso desde el balcón del palacio presidencial de La Moneda, quien es el presidente más joven en la historia de Chile manifestó ante miles de simpatizantes que su gobierno no habría sido posible sin las movilizaciones masivas que remecieron al país y cuyo primer gran triunfo fue la convocatoria a un proceso constituyente para redactar una nueva Carta magna que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Por ello, afirmó, no llegamos aquí para llenar cargos, solazarnos entre nosotros y generar distancias inalcanzables; llegamos para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria. A las personas que coreaban consignas de apoyo y le externaban su confianza les transmitió el sueño de que cuando termine su mandato podamos sentir que hay un país que nos protege, nos acoge y nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia el aporte y el sacrificio que cada uno de los habitantes hace para el desarrollo de nuestra sociedad.

El reto es mayúsculo. Se trata nada menos que de revertir los daños infligidos por casi medio siglo de neoliberalismo en la nación que fue usada como laboratorio para implantar este modelo económico profundamente inhumano y antisocial. Entre otros temas urgentes, es imprescindible reformar el sistema educativo mercantilista y excluyente; acabar con un esquema de pensiones diseñado para la extracción de ganancias, no para proveer de un retiro digno a los trabajadores; reducir el severo déficit de vivienda para las clases populares, y resolver las demandas del pueblo mapuche, que clama por la restitución de sus tierras ancestrales entregadas por el Estado chileno al expolio de los latifundistas, y al que hasta ahora se le ha respondido con indiferencia, en el mejor de los casos, y con una verdadera saña represiva, en el peor. Por si la tarea no fuera suficientemente ardua, Boric y su equipo deberán emprenderla sin contar con mayoría parlamentaria, en medio del sabotaje permanente de la derecha –e incluso del sector que se ostenta como de centroizquierda– y, con toda probabilidad, teniendo que encarar el golpeteo mediático con que las oligarquías latinoamericanas intentan descarrilar todo proyecto de gobierno progresista y orientado al bienestar de las mayorías.

En lo que podría interpretarse como el arranque de los trabajos de gobierno, el ministro Marcel anunció que en el primer semestre del año enviará al Congreso un proyecto para una amplia reforma tributaria enfocada en personas, recursos naturales e impuestos verdes, pero advirtió que ya no hay mucho espacio para aumentar la carga tributaria de las empresas sin que haya un efecto sobre la competitividad, lo cual apunta a que los cambios se impulsarán sin romper con la ortodoxia vigente. Cabe esperar que la iniciativa de reforma fiscal prospere y que la administración de Boric logre consensuar una redacción tan cercana como sea posible a los ideales que lo llevaron al poder, en el entendido de que una política fiscal progresiva puede ser una herramienta importante para reducir la desigualdad y llevar los beneficios a quienes no encontraron sino despojo y pauperización en las lógicas del libre mercado.