En México, de las 222 mil 369 personas que se encuentra presas, 12 mil 480 son mujeres, lo que representa 5.61 por ciento de la población penitenciaria. Del ellas, 6 mil 569 se encuentran en prisión preventiva y 5 mil 346 corresponden al fuero común y mil 223 al federal. Es decir, una de cada dos mujeres que están prisión preventiva todavía esperan una sentencia.

En víspera del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) señaló que ha identificado un patrón de múltiples violaciones a los derechos humanos de las que se encuentran en prisión preventiva, sobre todo a los derechos a la salud y a ser juzgadas en un plazo razonable, lo que las coloca en situación de extrema vulnerabilidad.

Indicó que al ser una minoría, lamentablemente no existen acciones o políticas públicas específicas para atender adecuadamente sus necesidades básicas. Hablar de mujeres privadas de la libertad es hablar también de que están en prisión preventiva; es decir, que siguen su proceso penal en distintas cárceles, aunque legalmente sean inocentes. Son mujeres sin sentencia.

Indicó que de las del fuero federal, 777 se encuentran en el único centro penitenciario femenil de ese ámbito en el país: el Cefereso 16, en Morelos. Ahí sólo 291 han sido sentenciadas y 486 están en espera de que se defina su situación jurídica. El Cefereso 16 no cuenta con el personal médico general ni especializado en ginecología, de forma permanente, que esté en condiciones de atender de forma cotidiana a las mujeres privadas de libertad, lo que genera violaciones a sus derechos a la salud y a una vida digna.

Destacó que de los 288 centros penitenciarios en el país, sólo existen 20 exclusivos para mujeres, que albergan a poco más de 5 mil 700 (46 por ciento). Alrededor de 6 mil 700 (54 por ciento) se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios mixtos expuestas a toda clase de violencia y abusos por parte de otras personas internas y de autoridades carcelarias.

El IFDP agregó que además de estas problemas, las mujeres sufren más impactos negativos en el uso y abuso de la prisión preventiva: “La mayoría de ellas no recibe visitas, las cárceles donde se encuentran están muy lejos de sus domicilios –lo que se traduce en un rompimiento del vínculo familiar– y son doblemente estigmatizadas por estar en conflicto con la ley penal y por no cumplir con el rol de género asignado. Sin un acto judicial que verifique la pertinencia de la medida cautelar, es mayor el riesgo de ser víctima de tortura y malos tratos en las cárceles”.