Santiago. El informe militar chileno Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años reconoce y condena las violaciones a los derechos humanos por parte de militares durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, calificó de valioso para el país el documento hecho público ayer, que repudia crímenes de la dictadura pinochetista.

En el texto, difundido por el ex comandante en jefe Ricardo Martínez, quien renunció el miércoles pasado a su cargo, el ejército considera una vergüenza su participación en crímenes de lesa humanidad como torturas, secuestros, desapariciones y ejecuciones de opositores, entre ellos los asesinatos de los generales Carlos Prats, René Schneider y el del dirigente sindical Tucapel Jiménez, perpetrados entre 1973 y 1990.

“Las violaciones a las garantías individuales y colectivas ocurridas durante el periodo referido y en la que los miembros castrenses tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser de un militar”, indica el documento.

En especial, se reprueba la denominada caravana de la muerte, mecanismo mediante el cual se cometieron matanzas en distintas ciudades chilenas y que, afirman, afectó los valores de la institución.

“Uno de los episodios más condenables fue el paso –a fines de 1973– del general Sergio Arellano Stark y su comitiva con la caravana de la muerte, quienes hicieron un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la institución”, explica.

Arellano recorrió el país en helicóptero como delegado de Pinochet y los oficiales que lo acompañaban obligaron a jóvenes oficiales y suboficiales a participar en los delitos por los cuales fueron procesados y condenados.

En el informe, de 120 páginas, se afirma que las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales.

De igual forma, se habla de la investigación Fraude en el Ejército en la que se han visto involucrados ex comandantes en jefe por malversación de recursos públicos.

Boric señaló para el diario La Tercera que el documento es un paso para avanzar en la verdad, por la reparación.

Por su parte, la entrante ministra de Defensa propuesta por Boric, Maya Fernández, elogió la admisión de haber cometido errores por parte de los militares como un acto necesario para sanar el alma de Chile y poder, por fin, mirar de frente al futuro.