Guadalajara, Jal., El secretario de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza, presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Fiscalía General de la República (FGR) sendas denuncias para que intervengan, investiguen y en su caso sancionen a los responsables de la tala y de provocar los incendios forestales con el fin de obtener el cambio de uso de suelo en la zona alta del municipio de San Gabriel.

Acompañado de otros funcionarios estatales, Ibarra Pedroza explicó que la decisión se tomó debido a que la deforestación de mayo de 2019 provocó la acumulación de abundante material vegetal muerto en las partes altas de la cuenca que derivaron en el desbordamiento del río Salsipuedes el 2 de junio del mismo año, con saldo de cinco muertos y 3 mil damnificados.

Tras presentar las denuncias, los representantes del gobierno explicaron que se trata de un desmonte de casi 80 hectáreas en la parte alta del municipio de San Gabriel, en la cuenca del río, y según el análisis de imágenes de satélite se estima que hay casi 6 mil metros cúbicos de material vegetal que se removió y que lo más seguro es que se haya depositado en las cañadas con un fuerte riesgo a la población cuando inicie el temporal de lluvias.

El análisis de detección de cambios de uso de suelo durante los últimos dos años encontró que se perdieron 76.13 hectáreas de selva baja caducifolia por desmonte ilegal en la cuenca alta de San Gabriel y se calculó una erosión de 6 mil 234 metros cúbicos de masa forestal, la cual está integrada por troncos, hojas y suelo.

Riesgo de catástrofe

Eso implica un alto riesgo de acumulación de material orgánico que se desprenderá y escurrirá en el temporal de lluvias, llevando los escombros cuenca abajo con altas probabilidades de obstruir el cauce del río, dando como resultado un posible evento catastrófico en la localidad de San Gabriel por inundación como el del año 2019, anticiparon los denunciantes.

Otro factor importante es la disminución de filtración de agua en las 76 hectáreas, que equivale a una pérdida de 87 por ciento de su capacidad original, hace prever que al quedar el suelo desnudo el caudal pico de escurrimiento aumenta a 380.7 litros por segundo.

En las denuncias presentadas ayer, el gobierno jalisciense exigió a la Federación acciones legales inmediatas y la restauración de la zona afectada; en tanto, las autoridades estatales afirmaron que continuarán con acciones de vigilancia y colaboración con otras instancias para proteger el bosque.