Mexicali, BC., El gobierno del estado, a cargo de la morenista Marina del Pilar Ávila, presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado de 12 mil millones de pesos contra siete funcionarios de la anterior administración estatal, encabezada por Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), también de Morena, quienes sin tener facultades legales autorizaron la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali por parte de la empresa Next Energy.

Lo anterior fue dado a conocer ayer, en conferencia de prensa, por el consejero jurídico estatal Juan José Pon Méndez y el secretario de Hacienda de la entidad, Marco Antonio Moreno Mejía, quienes se reservaron los nombres de los acusados, pero detallaron que también fueron señaladas seis personas vinculadas con la compañía regiomontana.

Fuentes de la Fiscalía General del estado confirmaron a este medio que la denuncia se interpuso contra el propio ex mandatario estatal Bonilla Valdez y ex integrantes del Comité Intersecretarial del gobierno de la entidad, entre ellos el anterior secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Salomón Faz, quienes avalaron el contrato a sabiendas de su improcedencia y de que era facultad exclusiva de la Federación.

Pon Méndez y Moreno Mejía puntualizaron que también se dio conocimiento a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública con la finalidad de que se investiguen las responsabilidades administrativas de los ex servidores públicos.

En abril de 2021 Jaime Bonilla colocó la primera piedra del proyecto, el cual no tiene permisos del gobierno federal para su operación, ni cuenta con avances físicos; está olvidado en un paraje de la zona desértica conocida como Laguna Salada.

No obstante, puntualizó Marco Antonio Moreno, a Next Energy ya se le pagó la primera factura por 123 millones de pesos, a través de un fideicomiso que se firmó en la anterior administración; el monto se descontó de las participaciones federales de febrero de 2022.

Impacto a las finanzas

Recalcó que este descuento ya generó un impacto en las finanzas de la entidad, pero aclaró que se logró detener un mayor descalabro en este rubro por medio de una demanda de lesividad que otorgó la suspensión provisional del repago, por lo que se recuperará la cantidad ya otorgada.

El proyecto mencionado se contrató en condiciones totalmente desventajosas para el estado; está mal estructurado en lo técnico, lo jurídico y lo financiero, reiteró.

El convenio beneficia a la empresa al ordenar el pago de forma periódica independientemente del progreso de los trabajos o de que se efectúe el suministro de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, que era el principal objetivo.

En mayo de 2020, el gobierno anterior canceló el servicio que prestaban al sistema de irrigación las empresas Sumex y Orca; otorgó el contrato a Next Energy a pesar de que ésta carecía de permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Comisión Reguladora de Energía.

Incluso, la Comisión Federal de Electricidad desconoció el plan bonillista y promovió la construcción de una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, a 400 kilómetros de Mexicali, que abastecerá al acueducto.

Desde un principio la información disponible del proyecto del gobierno de Bonilla no ofrecía las bases legales, técnicas y económicas convenientes para el Estado, afirmó Alberto Sánchez Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mexicali. El líder empresarial dio su respaldo a las autoridades estatales actuales por las acciones jurídicas y administrativas que han emprendido contra varios ex funcionarios y pidió que se llegue a las últimas consecuencias.