De los 19 mil 926 servidores de la nación que el gobierno federal tiene en nómina, 96.6 por ciento es personal que trabaja en campo y gana sueldos de 8 mil 482 pesos mensuales después de impuestos.

Datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y del portal Nómina Transparente, de la Secretaría de la Función Pública, confirman que se trata de empleados contratados por la Secretaría de Bienestar como personal eventual y por honorarios que cobra menos de 4 mil 300 pesos quincenales.

Otro 1.1 por ciento de trabajadores de este grupo creado al principio del sexenio para sacar adelante los programas sociales prioritarios percibe 9 mil 11 pesos al mes; los 466 mandos medios y directivos del programa, –que representan 2.3 por ciento de dichos servidores– tienen sueldos que van de 22 mil 426 a 52 mil 798 pesos mensuales netos, dependiendo de su jerarquía, lo que da cuenta de una gran brecha salarial.

Por encima de ellos, en una nómina y un esquema laboral diferentes, están los superdelegados de los programas de Bienestar, que ganan 87 mil 998 pesos netos al mes.

Los trabajadores de más bajo rango y salario de los servidores de la nación son 19 mil 252, contratados como enlace servidor de la nación. Los que cobran los más altos son 12 directivos que perciben 75 mil 969 pesos antes de impuestos, es decir, 52 mil 798 pesos netos.

Como parte de una fiscalización al programa, cuyos resultados fueron presentados en febrero pasado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), este organismo encontró diversas irregularidades en la contratación de los servidores de la nación, así como 561 millones 986 mil pesos, cuyo ejercicio está pendiente de aclaración.

En su informe de la revisión de la cuenta pública 2019, la ASF explica que revisó a detalle 700 contratos de esta nómina y halló que no en todos los casos se cumplió con los requisitos de los puestos. Es el caso de cuatro directores regionales del programa que fueron sumados a éste sin que cumplieran con los requisitos de escolaridad estipulados.

Concluyó que la Secretaría de Bienestar no obedeció las disposiciones legales de la contratación de los servidores. Entre otras irregularidades, detectó que la dependencia no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria que 15.9 millones de pesos se hayan ejercido y pagado a los empleados respectivos.

También encontró que la Unidad de Coordinación de Delegaciones destinó 30 millones de pesos a fines distintos a los autorizados y que las nóminas presentadas por la Secretaría de Bienestar para los servidores de la nación tienen faltantes por 224 millones de pesos.

Además, la Secretaría de Bienestar no presentó documentación que acredite el pago de nómina por 97 millones de pesos ni demostró que 87.5 millones que transfirió a tres cuentas bancarias a nombre de la dependencia se pagaron a los servidores de la nación.