El caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, y para resolverlo los tres poderes de la Unión deben cumplir con responsabilidad, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Aclaró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tiene responsabilidad en el alargamiento de estas investigaciones, ya que muchas de las cosas que hoy se están atorando y no se pueden resolver se deben a cuestiones que en el pasado no se hicieron adecuadamente.

Recordó, por ejemplo, que los detenidos por este asunto denunciaron que fueron objeto de tortura para inculparse, y los jueces deben aclarar este señalamiento, lo que ha retrasado los fallos.

Entiendo que por lo complejo del tema y el tiempo que ha pasado, para el Estado mexicano este es un reto que no está sencillo; es un asunto en el cual debemos estar comprometidos todos los poderes para resolverlo. Es un tema de justicia que requiere sanar una herida profunda en la nación, añadió.

Sobre el fallo que declara inconstitucional castigar penalmente a las mujeres que abortan, Zaldívar reconoció que ha sido un mes tortuoso por las dificultades que han enfrentado para que el Instituto Federal de Defensoría Pública pueda ayudar a las personas imputadas por esta conducta.

Nos hemos topado con obstáculos para acceder a la información, ya que es un tema tabú en muchos lugares donde no se quiere dar información sobre quiénes están en esta condición, no hay suficiente transparencia en la mayoría de los poderes judiciales para poder detectar estos asuntos; entonces, les puedo decir que ha sido un mes tortuoso en este tema, pero vamos avanzando. Aclaró que durante la discusión de este tema y el relacionado con la objeción de conciencia, no recibieron presiones indebidas.

Sobre el caso de los ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología acusados de peculado, señaló que en la reunión con un grupo de los presuntos responsables de este delito no hubo ningún compromiso de su parte.

Finalmente, Zaldívar confió en que se cumplan los tiempos para el nombramiento de quien sustituirá al ministro Fernando Franco González Salas, cuyo periodo constitucional concluirá el 11 de diciembre. Hasta el momento, el presidente López Obrador ha cubierto las vacantes oportunamente, en colaboración con el Senado; no creo que haya ningún problema, expuso.