n días recientes, la ciudadanía mexicana ha ido conociendo hechos adicionales sobre la descomposición que imperó en el periodo neoliberal y que constituyen otras tantas razones para participar en la consulta popular en la que se decidirá si se enjuicia a actores políticos del pasado.
Por una parte, el fin de semana anterior se difundieron en el mundo los hallazgos de una investigación periodística en torno al espionaje gubernamental mediante el software Pegasus, y se supo que la administración de Enrique Peña Nieto lo usó para intervenir comunicaciones privadas de activistas, periodistas y opositores políticos y sus familiares y allegados, incluido el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por otro lado, en el contexto del escándalo de conversaciones telefónicas del presidente del club de futbol español Real Madrid, Florentino Pérez, divulgadas por un diario ibérico, se supo que al menos dos altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón recibieron boletos para ver partidos de dicho equipo a cambio de facilitar contratos multimillonarios a empresas ligadas al entonces vicepresidente primero madridista, Fernando Fernández Tapias. En julio de 2008, este personaje ganó un concurso de Pemex para la construcción de buques por 200 millones de dólares.
Estas revelaciones, que provienen de fuera de México y en modo alguno pueden vincularse a la agenda del gobierno federal o del partido en el poder, se suman a la interminable lista de agravios perpetrados contra el país por los gobernantes del periodo neoliberal. Aunque muchos de estos ataques al patrimonio nacional o a la integridad de la población fueron sabidos en su momento, a lo largo de los pasados dos años y medio se ha incrementado hasta lo insospechado el conocimiento de la podredumbre que imperó en las instituciones públicas de 1988 a 2018, y cuyas dimensiones nadie pudo llegar a imaginar.
Entre muchos otros casos, cabe recordar el esquema de desvío de recursos públicos conocido como Estafa maestra; los sobornos entregados a legisladores para la aprobación de la lesiva reforma energética en el contexto del Pacto por México; los múltiples indicios de enriquecimiento ilícito y complicidades criminales del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca; las actividades delictivas de altos mandos policiales como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Tomás Zerón de Lucio, o el quebranto contra la nación para subsidiar a empresas energéticas extranjeras.
Ante esta suma de agravios, la ciudadanía tiene tanto la oportunidad como el deber moral de manifestarse en torno al procesamiento penal de los responsables, y la forma prevista por el marco legal para esa expresión es la consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo 1º de agosto.
