n mi entrega anterior ( La Jornada 21-6-21), concluí que si no se desmantelan las reglas neoliberales que otorgan desmedidos privilegios a corporaciones trasnacionales, que destruyen medios de vida y el medio ambiente, que generan violencia y represión, no se enfrentarán las raíces ni las causas de la migración.

El neoliberalismo, que incluye –más allá de meras recetas económicas– medidas represivas y antidemocráticas, se impone de manera creciente en el Triángulo del Norte de Centroamérica, donde se despoja y expulsa a habitantes de manera forzada para dar paso al modelo extractivista y agroindustrial. De acuerdo con el informe de Global Witness, Defendiendo el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente, publicado en 2020, Honduras y Guatemala, así como México, muestran un alto número de asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente (https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/).

A pesar de esta realidad, en nuestro país vecino, la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (Nisgua) escribió una carta donde las organizaciones firmantes expresan su preocupación por las reformas a la iniciativa 5257, ley que regula las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG), decisión que busca defender los intereses de los poderes élites y corruptos, y que otorga al gobierno guatemalteco facultad para cerrar cualquier ONG permanentemente, si se considera que sus actividades violan el orden público.

Esta reforma ayudará a reforzar una cláusula del Capítulo 10 de inversiones del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (Cafta), y que se encuentra en prácticamente todos los TLC y tratados bilaterales de inversión; la obligación de los estados de brindar a inversionistas extranjeros protección y seguridad plenas, la cual exige a cada parte otorgar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario.

Bajo esta cláusula, la empresa minera estadunidense KCA demandó a Guatemala por 400 millones de dólares, con el argumento falso de que el gobierno ha fallado en proteger su mina de oro de las comunidades locales, las cuales han levantado un plantón de resistencia pacífica de La Puya para proteger su agua.

Estas medidas regresivas en Guatemala hacen eco de la represión ejercida en Honduras, donde las comunidades de la municipalidad de Tocoa han resistido las operaciones mineras de Inversiones Los Pinares, cuyos dueños son las élites del país (como los hermanos Facussé) y que cuenta con capitales trasnacionales. El Institute for Policy Studies (IPS), donde colaboro, otorgó en 2019 el premio internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt –que honra desde 1978 a estos dos activistas políticos por el régimen de Pinochet– al Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa por su campaña en defensa del agua ante los embates de industrias extractivas. La respuesta del gobierno hondureño ha sido la represión, la militarización de la región y el arresto de 32 activistas ambientales. Ocho de ellos permanecen encarcelados, a pesar de que no hay evidencia alguna que lo justifique. Muchos residentes han tenido que migrar para escapar de la persecución dedicada a proteger los intereses geoestratégicos de capitales de Estados Unidos, Canadá y Europa, como se analiza en el estudio de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin) Guapinol resiste. Orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguán, Honduras (https://bit.ly/2TtPkQ3).

Como contexto más amplio de cada lucha local, ofrezco una reflexión del pedagogo guapinol Juan López, quien recibió el premio Letelier-Moffit en nombre del Comité: Tegucigalpa, Washington, San Salvador, Bogotá, Guayaquil, Guatemala, Santiago, Panamá, florecen en las portadas de diarios conservadores como centros políticos donde altos magnates de la corrupción entregan bajo privatización o concesiones; aeropuertos, carreteras, sistemas educativos, de salud, territorios de importancia biológica, las pensiones de viejos obreros y obreras; cada día están apretando la garganta del conjunto de derechos y garantías establecidas en las caducas constituciones estatales que duermen en el cajón del olvido mientras enormes ejércitos de saco y uniforme facilitan el tránsito de la mercancía global. El ojo del huracán del capitalismo mundial parece que es la droga, en torno a la cual se levantan plantaciones agroindustriales, mineras y otras.

Nada lejos de esta realidad está México, donde entre 2012 y 2019 se han registrado 83 asesinatos contra defensores ambientales (Angélica Enciso, La Jornada , 18-3-21).

Como Acafremin reconoce, la principal amenaza a los pueblos y territorios es la imposición y continuación de este modelo económico extractivo, ahora disfrazado como reactivación económica pospandemia en economías y con procesos administrativos viciados que en su mayoría son inconsultos con las comunidades afectadas y contribuyen al aumento de conflictos socioambientales. La alianza de organizaciones comunitarias reivindica el derecho humano, a la vida, a la alimentación, al agua de calidad y al saneamiento como condición indispensable para que nuestros pueblos puedan vivir con dignidad y para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Núm. 15 (2002).

* Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C., www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS