on dos signos auspiciosos empezó ayer en Chile la Convención Constituyente y, con ella, el principio del fin del orden institucional heredado por la dictadura pinochetista: la continuación de las protestas populares, en las que participaron varios de los constituyentes y que obligó a posponer la sesión inaugural del encuentro, indica que los sectores sociales que impulsaron la demanda de una nueva Carta Magna están dispuestos a mantener la presión para que el documento a redactar refleje los anhelos de dejar atrás el paradigma neoliberal y el autoritarismo que impregnan la Constitución de 1980. Por otra parte, la elección de la indígena mapuche Elisa Loncón como presidenta de la convención –con 86 de 155 votos– fue todo un buen augurio sobre la orientación progresista que se pretende imprimir al nuevo texto constitucional.
Cabe recordar que la jornada de ayer fue la culminación de un movimiento masivo de insubordinación social que se inició hace año y medio en contra del descarnado mercantilismo que impera en la legislación chilena y, posteriormente, en contra de la brutal represión aplicada por el presidente Sebastián Piñera en sus intentos por contrarrestar las protestas callejeras, represión que se ha cobrado decenas de muertos y ha dejado miles de lesionados y muchos presos políticos. A la postre, el régimen hubo de doblar las manos y aceptar que la Constitución pinochetista, bajo la que han gobernado los cinco presidentes civiles tras el fin de la dictadura castrense, era insostenible.
Sin embargo, los sectores oligárquicos, la derecha partidista y el sempiterno poder fáctico de las cúpulas militares logró acotar el proceso constitucional de una asamblea a una convención con facultades limitadas. Tras los comicios del 15 y 16 de mayo para la elección de sus integrantes, Piñera colocó a personeros de su confianza en el control del organismo, en un intento por minimizar los avances que puedan obtenerse con respecto al documento vigente.
Lo cierto es que la Convención Constitucional tiene una composición paritaria –78 hombres y 77 mujeres–, con 17 escaños reservados a representantes de los pueblos originarios, y que una amplia proporción de los constituyentes no procede de la clase política tradicional, sino del movimiento popular que durante año y medio se ha movilizado en las calles. En sus primeros tres meses el organismo deberá definir su propio reglamento, la integración de mesas y de comisiones temáticas y las reglas éticas bajo las cuales deberán conducirse sus integrantes; a partir del 4 de septiembre dispondrán de un plazo máximo de nueve meses para elaborar la nueva Constitución.
Lo que está en juego a partir de ahora es la posibilidad de definir un modelo de país basado en una economía con orientación social y no, como hasta ahora, en la extrema libertad de mercado; respetuoso de los derechos humanos, de las minorías y de los grupos vulnerables, orientado por el desarrollo sustentable, regido por normas verdaderamente democráticas, incluidas las de la democracia participativa y dotado de instrumentos legales efectivos para combatir la desigualdad y la marginación y garantizar los derechos y las libertades de todos.
Cabe esperar que la larga lucha de la sociedad chilena por dejar atrás el neoliberalismo autoritario, que ha sobrevivido durante más de tres décadas a la dictadura que lo engendró, culmine con una Constitución humanista, progresista y con sentido social.
