l próximo fin de semana se reunirán en Venecia, Italia, los secretarios de Hacienda del G-20. El Grupo –al cual pertenece México– es un foro integrado por las economías más importantes del mundo, e incluye a las más desarrolladas como a las emergentes, al mismo tiempo coordina políticas macroeconómicas de alcance mundial. Figura en su agenda un tema central: obligar a las compañías multinacionales a pagar impuestos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, llevará la representación de México. Ya antes hubo un acuerdo del G-7, el grupo que reúne exclusivamente a las economías más desarrolladas, en ese sentido. Son dos vías por las que se pretende lograr el propósito. Primero, hacer que empresas digitales como Netflix, Google o Amazon paguen impuestos en los países donde operan, con independencia del lugar donde tienen sus oficinas centrales. Consiguen hoy eludir el impuesto sobre la renta (ISR) porque no tienen presencia física, hacen su negocio por medio de la red. La otra vía es imponer uno global mínimo de 15 por ciento, de tal manera que pierdan su atractivo paraísos fiscales como Irlanda, donde los gravámenes son bajos o nulos. Es decir, no tendría sentido que las compañías se movieran a un paraíso donde también tendrían que pagar contribuciones.

Las cuentas dudosas

En su primera entrega de la revisión a la cuenta pública 2020 del gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un presunto daño al erario por 588 millones 840 mil pesos. Esta cifra se desprende de 125 auditorías a diversas secretarías, empresas del Estado y programas federales. Prácticamente la mitad del monto total por comprobar corresponde a la de Comunicaciones y Transportes. ¿Se puede confiar en la Auditoría? Quedó en duda el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco? ¿Fue de 300 mil millones de pesos, como dijo, o menor? La ASF realiza tres entregas de su revisión a la cuenta pública. La siguiente será en octubre de este año y la última en febrero de 2022, pero su credibilidad quedó en entredicho. El expediente que abrió la Cámara de Diputados al auditor David Colmenares se ha ido empolvando.

El INE y la consulta

Un comunicado de la semana anterior dice así: “El INE es respetuoso de las decisiones tomadas por los órganos del Estado mexicano y, desde luego, acata el sentido de las mismas. El instituto hará la consulta popular (sobre los ex presidentes) con los recursos con que cuenta para el ejercicio fiscal 2021, originariamente destinados a otras tareas. La primera sala (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) establece que el INE contó con excedentes presupuestales para 2021, “pero… no fue así”, afirma. Para el ejercicio fiscal 2021, al INE se le asignaron 26 mil 819 millones 801 mil 594 pesos, después de un recorte de 870 millones al presupuesto originalmente presentado por la institución. Del total asignado, 7 mil 226 millones 3 mil 636 pesos representaron el monto de financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales, así como el de correspondientes a los gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes; por lo tanto, no hubo excedentes. Como que ya tiene una coartada. Si la consulta resulta un desastre, será culpa del Estado mexicano.

El error es morirse

Personaje controvertido, leal al priísmo hasta sus últimos días, Jacobo Zabludovsky fue el comunicador de televisión y radio más importante de la segunda mitad del siglo pasado y el comienzo del actual. El 2 de julio se cumplieron seis años de su fallecimiento. Testimonio de sus calificaciones profesionales son sus crónicas sobre la llegada de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara a La Habana en 1959, así como tras el primer terremoto que afectó a la capital del país el 19 de septiembre de 1985, también su narración objetiva y en vivo del desafuero del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, en 2005. De la misma manera hay una lista de las críticas que le hacen por su actuación en el movimiento estudiantil de 1968 y sus desencuentros con los partidos de oposición al PRI. El error es morirse, decía Jacobo. Finalmente cometió ese irreperable yerro hace seis años.

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El Gobierno de la Ciudad de México entregará 1 millón 920 mil pesos de indemnización a las familias de las 26 víctimas mortales por el colapso en la línea 12.

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