La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenaron los asesinatos de los periodistas Gustavo Sánchez Cabrera, en Oaxaca, y Enrique García García, en estado de México, perpetrados el 16 y el 17 de junio, y llamaron a las autoridades competentes a investigar estos hechos de manera pronta y diligente, considerando todas las líneas de investigación que pudieran ser relevantes en cada caso.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, expuso que el asesinato de Sánchez Cabrera, quien había denunciado en varias ocasiones ataques y amenazas y era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es un terrible recordatorio de cómo la impunidad puede ser mortal.

La falta de rendición de cuentas por parte de las personas responsables de las agresiones previas envía un claro mensaje: atacar a periodistas pocas veces tiene consecuencias para los perpetradores. La impunidad incentiva la reiteración de los ataques y alienta a otros actores a sumarse a la lista de agresores contra quienes ejercen la libertad de expresión, indicó.

La ONU-DH expuso que durante 2021 ha documentado dos casos de desaparición de periodistas, Jorge Molontzín Centlal y Pablo Felipe Romero Chávez, y el asesinato de Benjamín Morales Hernández, cuyos casos podrían estar relacionados con su actividad periodística.

Por su parte, la CNDH demandó indagar de manera exhaustiva los homicidios de Sánchez Cabrera y García García en posible relación con su actividad periodística, coordinando, asimismo, acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en ambos casos.

Indicó que desde 2000 ha documentado la cifra de 170 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados.

Reiteró su preocupación por la ausencia de efectividad, eficiencia y vigencia de acciones, políticas públicas y estrategias oficiales, por parte de las instancias de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano, tendentes a prevenir agresiones y riesgos, así como para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de periodistas y colaboradores de los espa-cios informativos.