e acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, el profesor Pedro Castillo resultó triunfador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 50.12 por ciento de los votos, 44 mil sufragios más que su contrincante, la ex primera dama y ex congresista Keiko Fujimori. La jornada electoral se realizó hace casi dos semanas, pero el escrutinio de las mesas de sufragio concluyó apenas el martes pasado a causa de las demoras para contabilizar los votos de zonas rurales, así como los emitidos por los peruanos que residen en otros países. Ahora la proclamación formal de Castillo como presidente electo se encuentra en el aire debido a las maniobras del fujimorismo para descarrilar el proceso electoral.
El Jurado Nacional y los Jurados Especiales de Elecciones (JNE y JEE) ya rechazaron 803 de las 942 solicitudes de nulidad presentadas por Fuerza Popular, el partido de Fujimori, pero se anticipa una larga batalla judicial de la ex congresista en la búsqueda de anular 200 mil votos, con el fin de conseguir en los tribunales lo que no le otorgaron las urnas. Como parte de esta embestida, el fujimorismo y sus aliados presentaron una moción de censura contra la directiva del Congreso, con la cual buscan acelerar la renovación de miembros del Tribunal Constitucional (TC) para controlar este órgano.
La renuencia de Fujimori a reconocer su derrota y sus esfuerzos para alterar los resultados mediante sentencias judiciales han sido acompañados por el recrudecimiento de la campaña de odio contra Castillo, así como de una imparable ola de desinformación dirigida a instalar en la ciudadanía el bulo de que los comicios estuvieron marcados por un fraude a favor del líder magisterial. En el afán de impedir que Castillo asuma la Presidencia, medios de comunicación e integrantes de la clase política han llamado a anular las elecciones e incluso incitan abiertamente a un golpe de Estado, amenaza que cobró un cariz inquietante con la publicación de una carta presuntamente firmada por cientos de militares en retiro, en la cual los ex uniformados llaman a los jefes de las Fuerzas Armadas a desconocer el triunfo de Castillo.
Los extremos a que ha llegado la abanderada de Fuerza Popular se explican, en parte, porque en su tercer intento de hacerse con la Presidencia, la hija del ya encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, se juega no sólo el poder, sino su impunidad: Keiko tiene pendientes varias acusaciones penales y sólo se encuentra en libertad gracias a una dispensa por el riesgo de que enfermara de Covid-19 en prisión. Por ello, la defensa del triunfo de Castillo constituye no sólo la reivindicación de la voluntad popular, sino la vía para evitar que el control del Estado quede en manos de un grupo criminal.
Es urgente que la autoridad electoral peruana deseche las impugnaciones que carezcan de sustento, procese con la máxima celeridad aquellas que ameriten una revisión y haga la proclamación oficial de Pedro Castillo como ganador, pues cada día de incertidumbre acrecienta el peligro de un lance antidemocrático por parte de los sectores oligárquicos que se han atrincherado en el fujimorismo para garantizar la perpetuación de sus privilegios. Por último, no puede pasarse por alto el significativo silencio de personajes, medios e instituciones siempre expeditos para denunciar cualquier sombra de irregularidad en otras naciones y que, en estos momentos tan delicados para la democracia peruana, dejan una vez más a la luz su doble rasero y su hipocresía.
