Autoridades mexicanas abrieron 411 investigaciones por delitos fiscales en 2020, volumen que rebasa en 30.9 por ciento todo lo realizado en los últimos tres años del sexenio pasado, cuando comenzaron a menguar las nuevas pesquisas sobre defraudación al fisco, muestran datos oficiales consignados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La información proporcionada al organismo muestra que el año pasado –entradas en vigor las nuevas disposiciones de la reforma que hace de la defraudación fiscal un delito que amerita hasta nueve años de cárcel– se iniciaron 411 pesquisas, el número rebasa en 661.1 por ciento lo realizado en 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se abrieron 54 investigaciones.

También es 30.9 por ciento mayor que lo reportado por las autoridades mexicana a la OCDE entre 2016 y 2018, la segunda mitad del pasado sexenio. Por separado, en 2016 se abrieron 104 investigaciones, un año después 156 y ya al cierre de la administración de Peña Nieto, 54 indagatorias más.

Estos datos contrastan con el número de investigaciones contra personas físicas en México realizadas en 2015 por presunto daño al fisco, 419 indagatarias, según muestra la OCDE en el reporte Combatiendo el delito fiscal.

A medida que menguaba el número de investigaciones, entre 2015 y 2017 empresas fantasmas eludieron mil 360 millones de pesos en impuestos mediante facturas falsas. De acuerdo con la información reportada por México a la OCDE, la brecha tributaria por estos impuestos evadidos va de 350 millones a 500 millones de pesos.

En 2019 no se reporta el número de investigaciones, pero sí una ampliación de presupuesto para dar seguimiento a la evasión y elusión de impuestos. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) –brazo jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– operó entre 2015 y 2018 con 60 abogados y un presupuesto aproximado de un millón 300 mil pesos por año.

Según lo reportado por México a la OCDE, en 2019 el presupuesto de la PFF aumentó a 6 millones 150 mil pesos y en ese mismo periodo se logró el pago de daños y perjuicios relacionados con varios delitos fiscales por un monto de alrededor de 2 mil millones de pesos. En promedio, se calcula que por cada peso gastado en 2019, hubo un retorno de 323.5 pesos.

Como parte de las medidas para aumentar los ingresos públicos sin hacer una reforma fiscal que implique nuevos impuestos o alzas de tasas, el gobierno federal ha anticipado cambios en la redacción de leyes y reglamentos administrativos, con el objetivo de reducir los huecos que den cabida a la defraudación fiscal.