El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restituyó las candidaturas a diputados federales de Morena a Elizabeth Ayala y Manuel Chapman, quienes contaban con sentencia de haber ejercido violencia política de género, lo que motivó que el Instituto Nacional Electoral (INE) les cancelara su postulación.

Con base en un argumento de procedimiento, quienes ejercieron estas prácticas podrán contender, pues a decir del TEPJF, se requería que una autoridad jurisdiccional determinara si tenían un modo honesto de vivir para proceder.

Paradójicamente, los argumentos para desactivar el efecto de una sentencia por violencia política de género confirmada por el INE provino de las dos magistradas del TEPJF: Janine Otálora y Mónica Soto. Con matices, las dos aseguraron que el INE no sólo requería tener la sentencia, sino que en ella se estimara que no tenían un modo honesto de vivir.

Al hacer nugatorio para estos casos todas las decisiones del INE y avaladas por el TEPJF para combatir la violencia política de género, consideraron que el instituto no podía determinar si carecían del modo honesto de vivir, sino que debería ser una autoridad jurisdiccional la que determinara, y entonces sí, proceder en consecuencia.

En sesión de la sala superior, también a sólo tres días de la elección, los magistrados decidieron revocar los lineamientos de pago de los representantes generales y de casilla de los partidos, por considerar que el INE no podía imponerles un porcentaje mínimo de estos representantes que deberían contar con un pago por su desempeño (25 por ciento), con cargo a los topes de gastos de campaña.

Aunque los lineamientos se aprobaron el 4 de mayo, fue casi un mes después que el TEPJF revocó la decisión y fijó un plazo de 72 horas para que la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE habilite el sistema de registros de representantes para que los partidos decidan libremente quiénes lo harán de forma gratuita y quiénes serán pagados. Es decir, el mero día de los comicios, los partidos deberán realizar estos ajustes, según la instrucción de los magistrados.