La cancelación de las votaciones para la legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) en la planta automotriz General Motors, en Silao, Guanajuato, implica un reto para las autoridades laborales porque ahora tendrán que poner mayor atención en los futuros procesos de consulta para que se realicen de manera correcta, sobre todo los que lleven a cabo los sindicatos de protección, señaló Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

En entrevista, destacó que el requerimiento de Estados Unidos para que el gobierno mexicano revise si hubo o no violaciones a los derechos de los trabajadores, sienta un precedente porque ahora la vigilancia sobre las legitimaciones de contratos colectivos serán mucho más fuertes y los trabajadores podrán sentir mayor confianza en que harán valer su libertad sindical y de elegir la organización de su preferencia.

Al respecto, comentó que dicha acción no implica una intromisión del país vecino en los asuntos laborales de México, ya que es la aplicación de lo que se acordó en el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que son incluso normas que la Organización Internacional del Trabajo ha planteado en materia de libertad sindical y contratación colectiva.

En este sentido, Alfonso Bouzas, experto en economía laboral, coincidió en que México tiene signados convenios internacionales que obligan a los gobiernos a vigilar que la democracia y la libertad sindical sean efectivas. Incluso, los conflictos y las leyes laborales del futuro tenderán a ser cada vez más trasnacionales.

Añadió que el T-MEC obligó a que México se comprometiera en establecer una regulación más democrática, un traje que corresponde con la talla de los problemas del país en materia sindical.

Por su parte, De la Cueva, también asesor de los asalariados de la planta automotriz, indicó que tras la cancelación y reposición de la consulta con la que se pretendía el aval de los trabajadores al CCT que sustenta el sindicato cetemista Miguel Trujillo López, es un asunto muy delicado, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya había realizado poco más de 600 legitimaciones, las cuales no tuvieron la vigilancia nacional e internacional, como el caso de General Motors, y habría que revisar cómo se dieron esos procesos.

Lo importante ahora, apuntó, es que se afinen y se amplíen los criterios de aplicación de la consulta, antes y durante las votaciones. De lo contrario, advirtió, un conjunto de mecanismos de coerción e intimidación prevalecerán en este tipo de ejercicios con el que se pretende consolidar la democracia sindical, como lo dispone la nueva reforma laboral, responsabilidad, que desde el primero de mayo corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.