omo no pudo en las urnas, en las que sus partidos políticos recibieron una paliza histórica, ahora la cúpula empresarial pretende gobernar por medio de jueces a modo –que no son electos por sufragio popular–, pasándose por el arco del triunfo el voto ciudadano y la directriz que éste marcó al vencedor de los comicios de 2018. Ley que promueve el Presidente de la República y aprueba el Congreso de inmediato es inhabilitada y/ o congelada por árbitros del Poder Judicial notoriamente inclinados a la derecha, que a diestra y siniestra reparten amparos, suspensiones y conexos con tal de frenar la entrada en vigor de las nuevas legislaciones y así proteger a quienes en el régimen neoliberal hicieron lo que les vino en gana.

Rabiosa, la oligarquía no acepta el resultado electoral (ella, que todos los días se llena la boca en defensa de la democracia y el estado de derecho) y quiere gobernar con el apoyo incondicional de algunos integrantes del Poder Judicial que se prestan a esta tipo de operaciones totalmente antidemocráticas. ¿Que una nueva ley reduce privilegios? ¿Que uno de los barones terminó en chirona? ¿Que los investigan por delitos de cuello blanco? Qué más da, si para eso están los jueces y la cada día más productiva industria del amparo, las suspensiones y demás recursos legaloides. Pero olvida que se gobierna con votos, no con árbitros a modo (como Lorenzo Córdova comprenderá), por mucho que los grupos de poder sueñen con dominar el escenario político. Esa historia ya la vivió México y el resultado fue espeluznante.

En esa tesitura, ahora los jueces deciden qué procede y qué no, y en cuestión de horas liberan a los delincuentes de cuello blanco, echan para atrás o congelan las leyes aprobadas por el Congreso (es decir, la instancia constitucional para tal efecto) para que sus representados, los santos barones, permanezcan intocados como en el régimen neoliberal. Y nadie los eligió, pero –en representación de los grupos de poder– pretenden marcar el rumbo, totalmente contrario al resultado electoral.

Un caso concreto es el juez Juan Pablo Gómez Fierro (especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones), quien en cuestión de meses se ha hecho famoso, y no por su pulcritud, sino por ser uno de los que han bateado más rápido las nuevas leyes, por mucho que el Congreso las haya aprobado con el voto mayoritario, y se ha convertido en un verdadero cruzado contra todo aquello que atente las buenas costumbres y prácticas del régimen neoliberal.

A las pocas horas de promulgarse la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Gómez Fierro –defensor, no de los intereses de la nación, sino de los privados– a la velocidad de la luz sacó su libreta de amparos y suspensiones (todo cabe en ellos sabiéndolos comprar), y a petición de dos empresas que se decían afectadas por la nueva norma (por aquello de perder los jugosos subsidios que, en nombre de la libre competencia, reciben del gobierno) ordenó congelar lo que el Congreso aprobó por mayoría.

Pero el juzgador se fue de largo y decidió que tal ordenamiento aplicaba a todas las empresas del sector eléctrico, aunque no hubieran solicitado la protección de la justicia. Como se comentó en este espacio, más tardaron los poderes Ejecutivo y Legislativo en armar, presentar, discutir y autorizar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que un solo juez en echar todo para atrás, de un plumazo y en cuestión de horas, para proteger los intereses privados. Lo mismo sucedió con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil: Gómez Fierro repartió suspensiones definitivas por doquier, a escasas horas de ser aprobado.

Y como ya agarró vuelo ahora se fue sobre la Ley de Hidrocarburos. A pesar de que sólo cuatro empresas solicitaron protección de la justicia, el servicial juez otra vez metió el acelerador y concedió una suspensión provisional con efectos generales, pues, dijo, de conceder una medida cautelar con efectos particulares (sólo para las promoventes del amparo), les estaría otorgando ventaja competitiva frente a los demás que se encuentran en su misma posición.

¿Qué sigue? ¿Suspensión definitiva de la Constitución?

Las rebanadas del pastel

¡Cuánta razón tienen Ricardo Anaya y Vicente Fox!, quienes, viéndose al espejo, sentenciaron: la ineptitud mata.

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