l fenómeno migratorio vuelve a colocarse en el epicentro de las relaciones entre México y Estados Unidos. Y la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris, a los cuatro meses de su administración, marca la relevancia del asunto.

A diferencia de la vez anterior, en que se amenazó y chantajeó al Presidente vía un tuit de Donald Trump, ahora cambiaron los modos y viene a México una delegación del más alto nivel.

Las crisis migratorias en Estados Unidos las deciden las estadísticas, 170 mil migrantes capturados en marzo por la Patrulla Fronteriza, principalmente centroamericanos y mexicanos. El estándar normal se estima en 30 mil.

Pero lo más grave del tema son los menores no acompañados, cerca de 19 mil que llegan a la frontera con familiares o coyotes y luego los dejan solos para que los capture la Patrulla Fronteriza. Los niños no acompañados son los únicos que son admitidos por el gobierno estadunidense, las familias son deportadas inmediatamente a México de acuerdo con el capítulo 42, supuestamente por las condiciones imperantes de pandemia.

Se podría decir que estamos peor que antes, donde había un acuerdo, muy malo, pero al fin acuerdo, de devolución de extranjeros solicitantes de refugio: el programa Quédate en México o Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés). En la actualidad esos 70 mil migrantes del MPP están siendo aceptados, finalmente, por Estados Unidos. Ahora el problema son los miles de migrantes que están varados en la frontera y no están en esa lista.

La crisis no podía llegar en peor momento para Joe Biden y para Kamala Harris, que se sacó la rifa del tigre con el encargo. Hay varias propuestas de reforma migratoria pendientes que se han visto afectadas por esta situación, la de los dreamers (DACA) incluidos los que tienen estatus temporal protegido (TPS) y la de los trabajadores agrícolas que laboraron cinco años en el campo, entre otras propuestas.

El impacto de esta reforma sería extremadamente beneficioso para los migrantes y para México, pero la crisis actual la puede afectar seriamente. El control migratorio por parte de México, fue eficiente durante el gobierno de Trump, pero no durante el periodo de transición y los primeros meses de Biden. Por el contrario, Guatemala impuso medidas de fuerza que detuvieron a dos caravanas de miles de hondureños. Desde el punto de vista de Estados Unidos, hay una actitud diferente de cooperación o control migratorio entre México y Guatemala.

El presidente López Obrador insiste en su propuesta de enfocarse en planes de desarrollo para el sur de México y el norte de Centroamérica, Hay que reconocer que la consultoría encargada a la Cepal, para el tema migratorio centroamericano ha sido uno de los pocos encargos de asesoría pagada por el gobierno actual.

El desarrollo en el norte de Centroamérica, como medida para mitigar la migración, ha sido una preocupación genuina del Presidente de México. Pero su política migratoria ha sido errática y ha pasado de la apertura, durante la gestión de Tonatiuh Guillén, al control migratorio con Ebrard y la Guardia Nacional y, nuevamente, a relajar las medidas de control al tránsito irregular en los meses recientes, especialmente de menores de edad.

A Estados Unidos le interesa el control migratorio y evitar las crisis en el futuro, aunque retóricamente afirman que quiere solucionar de raíz el asunto. A López Obrador le interesa que su programa Sembrando Vida se aplique en el norte de Centroamérica. Es una buena idea, genera trabajo en el corto plazo, recursos en el mediano y mitiga el impacto del cambio climático y los huracanes en el largo.

Pero de ahí a solicitar que se les otorguen visas a los participantes en el programa hay un salto mortal. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es más, la solicitud de visas pone en evidencia que el programa Sembrando Vida no arraiga a la gente en su terruño. Obviamente, es un asunto mucho más complejo.

Por lo pronto, ya es tiempo de evaluar el funcionamiento de la Comisión especial que tiene a su cargo el asunto migratorio, dirigida por Marcelo Ebrard. Es obvio que era una solución coyuntural ante la amenaza de Trump, pero se ha convertido en permanente. Por su parte, la Subsecretaría de Migración y Población, que encabeza Alejandro Encinas, ha quedado totalmente relegada. La idea de una comisión intersecretarial de alto nivel es buena y necesaria, pero no puede quedar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se supone que la Unidad de Política Migratoria es, por ley, el órgano encargado de definir las líneas generales, analizar la coyuntura, proveer de información confiable y sugerir políticas de acuerdo con la dinámica particular de los flujos. Por eso está localizada en Gobernación y no en el Inami, como estaba antes. Pero, en la actualidad, sólo sirve de órgano estadístico e informativo.

En mayo se cumplen dos años de la crisis de los aranceles y seguimos sin una estructura institucional adecuada, con personal profesional y capacitado, para definir una política migratoria y dirigir la cotidianeidad de la gobernanza migratoria.