n factor interno y otro externo confluyeron en la exacerbación del caso Guerrero que desembocó en el sostenimiento, por la vía filial, de la intención del Presidente de la República de que Félix Salgado Macedonio llegara al poder en aquella siempre complicada entidad.

En lo interno, mucho se habla en el entorno de Palacio Nacional del presunto enojo que habrían generado las maniobras que se atribuyen al grupo de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública) para obstruir y descarrilar la decisión suprema a favor de Salgado Macedonio. Otro elemento a descifrar reside en los descuidos, intencionales o no, en el cumplimiento de los reportes sobre gastos de precampaña que debió haber presentado Mario Delgado, lo cual ha sido señalado por los propios aspirantes luego inhabilitados, el michoacano Morón y el guerrerense Salgado.

En lo externo, la negativa de registro de precandidatos morenistas fue un oportuno detonante de las tensiones acumuladas y ya expresadas antes, con menos vigor, entre Palacio Nacional y la cúpula del Instituto Nacional Electoral, en específico contra el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y su principal coequipero, Ciro Murayama.

A pesar del nivel de desgaste (político, mas no en el terreno del pragmatismo electoral) que el episodio haya cargado a Palacio Nacional por el impulso a Félix y luego a Evelyn, la hija del propio Salgado, e incluso con Mario Delgado dando tumbos en la conducción de Morena, el saldo es adverso a los directivos del INE y, de pilón, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya quedaron asentadas causas propagandísticas y políticas para promover la reforma de esos órganos, conforme lo ha impulsado la Presidencia de la República.

En Tamaulipas se libra otra de las batallas prelectorales importantes. El desafuero del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aprobado por la Cámara de Diputados federal y rechazado por la estatal (conformada en su mayoría por panistas afines al mandatario en problemas), habrá de ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, a su vez, vive momentos complicados a raíz de la instrucción del Poder Legislativo de extender por dos años la estancia del ministro presidente, Arturo Zaldívar, al frente de la Corte y la Judicatura.

La resolución de este litigio entre los poderes obradoristas y la resistencia del panismo y sus aliados (PRI y PRD) tendrá consecuencias electorales en junio próximo pero, sobre todo, en la definición de las relaciones entre Palacio Nacional y sus opositores que, dependiendo de la suerte final del expediente tamaulipeco, quedarán en una explícita desventaja si el gobernador en mención va a prisión o podrán engallarse si el acusado resulta intocado.

Cofundador del Cártel de Sinaloa, personaje de primera línea en historias casi institucionales del crimen organizado, víctima de atroz violencia contra su familia y luego vengador proporcional, Héctor Palma, El Güero, ha sido absuelto del delito de delincuencia organizada, según resolución de un secretario de acuerdos en funciones de juez de distrito con sede en Jalisco.

Dicho juzgado notificó su decisión en pleno día de asueto obligatorio, el sábado 1º de mayo, y un día después las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Relaciones Exteriores emitieron una nota informativa conjunta (https://bit.ly/3xG2318).

En ese comunicado dominical se señaló que antes de dejar en libertad al histórico capo Palma se consultará a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales mexicanas para saber si hay cargos pendientes, y a la embajada de Estados Unidos para preguntar si el Departamento de Justicia solicita extradición. En agosto de 2013, un juez federal declaró en libertad a Rafael Caro Quintero, otro personaje de máxima relevancia en el historial del crimen organizado en México, luego de 28 años de prisión, lo cual generó inconformidad en el gobierno estadunidense y en especial con la DEA. ¡Hasta mañana!