En México se han agudizado las violaciones a los derechos humanos de la población migrante. Hay reportes de al menos 2 mil personas en movilidad desaparecidas o víctimas de otras agresiones, por lo que las autoridades están obligadas a contar con un sistema sólido de protección y robustecer su defensa.

Así lo plantearon las comisiones nacional y estatales de derechos humanos en un pronunciamiento conjunto en el que alertaron sobre la crisis migratoria.

Advirtieron que el despliegue de 8 mil elementos de las fuerzas armadas en las fronteras sur y norte de México los expone a un aumento de las violaciones a sus derechos por parte de la autoridad, o los orilla a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino.

Estas 33 instituciones, agrupadas en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh), urgieron a construir compromisos regionales, desde la mirada local, para atender y proteger a los extranjeros en movilidad y refugiados.

Situación contundente

La gravedad de las violaciones a los derechos humanos en contra de la población migrante es contundente y no se han logrado consolidar los ejes normativos, programáticos y estratégicos que permitan atender la emergencia humanitaria desde una visión integral, con un enfoque diferencial y de protección a las garantías individuales, lamentaron.

Durante 2020, en México, 41 mil 329 personas solicitaron asilo, se reportaron 87 mil 260 eventos de detención migratoria y 184 mil 423 de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos.

La Fmopdh exhortó a las autoridades mexicanas a priorizar la estrategia de atención y protección a las personas en movilidad que requieren asistencia humanitaria coordinada y eficaz, que incluya un incremento al presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que en 2021 recibió recursos 14.34 por ciento menores a los de 2020.

Además, implementar en las 32 entidades albergues especializados para recibir a esa población, en particular los de atención a menores de edad acompañados o no; desarrollar programas de asistencia humanitaria que promuevan la inclusión social y la atención integral a esta población, entre otros.