Denuncia agravio en Banorte de Texcoco
n época de pandemia se supone que se deben facilitar los trámites, sobre todo los vitales. Mi denuncia es contra las políticas de los bancos, en concreto de Banorte sucursal La Morena, en Texcoco, estado de México, adonde acudí el 21 de abril con el fin de renovar mi tarjeta de débito.
Allí me depositan mi jubilación. Soy discapacitada, tengo 77 años, diabética y con EPOC. A pesar de que acredité mi legal estancia con el documento migratorio que expide Gobernación se me exigió, además, el pasaporte, que no llevaba, pues debido a la pandemia y a mi condición de salud, me he visto impedida de renovar.
Presenté al ejecutivo el CURP, la credencial del Issste, así como la del Inapam, pero se me negó el servicio, mostrando el desconocimiento de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad como también la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Resulta inadmisible la insensibilidad, la desatención a mi condición física y la carencia absoluta de flexibilidad por motivos de la pandemia. Se atropella a las personas por causa de discapacidad.
Ante la negación del trámite quedo en el desamparo económico y, por tanto, incrementa el riesgo de mi ya precaria salud.
María Angélica Vives Zegers
Censura actitud de los corifeos prianistas
Los del régimen prianista y sus corifeos, que hoy se dicen analistas de todo, de los medios tradicionales, se desgarran las vestiduras, gritan y vociferan que es ¡anticonstitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere relegir, el regreso al pasado y etcéteras, ante el debate en el legislativo para extender el periodo, dos años más al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
De 1982 a 2018 se constituyó un Estado-gobierno oligarca neoliberal y narco en el que se entregaron todas las empresas públicas y paraestatales, los recursos naturales, la banca, nuestros fondos de retiro; se saqueó y desmanteló al país, se hicieron multimillonarios empresarios y políticos a costa de la miseria y sangre de la mayoría.
Aquí radica y se define la dispu-ta en las elecciones de junio próximo, y nuestra obligación es exigir al actual gobierno revertir tal daño estructural, al rescate y reconstrucción de la nación.
La Constitución ha sido la justificación del poder político, por eso nuestra exigencia y compromiso histórico es, vía la lucha de clases, suscribir una nueva Constitución, la de todas y todos. No es hacer justa la ley, sino la justicia ley.
Ismael Cano Moreno, Congreso Social
Sugiere sancionar actos delictivos en protestas
Estimada doctora Claudia Shein-baum: Cada vez es más frecuente que en las manifestaciones se cometan actos delictivos: grupos que lesionan a los policías, dañan edificios públicos, hacen destrozos en propiedad privada como negocios, bancos y autos.
Queman mobiliario archivos, rompen puertas, ventanas, roban equipos y mercancía e impiden el libre tránsito. Estas acciones deben ser sancionadas. La falta de consecuencias a estos hechos funciona como una invitación a la violencia.
No a la impunidad, no a la violencia que vulnera a los ciudadanos, sí a la aplicación de la ley, sí a la manifestación pacífica, sí al respeto al derecho ajeno.
Ángeles López
Adeudo ilegal de agua impide entrega de casas
Somos 41 familias, la mayoría con orgulloso origen otomí, beneficiadas con un proyecto de expropiación del Instituto de Vivienda (Imvi), a través del cual tendremos una vivienda digna después de muchos años de lucha.
La construcción está concluida; sin embargo, el Invi no puede entregar nuestras viviendas debido a que por un ilegal cobro de suministro por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), que asciende a un millón 238 mil 707 pesos no se puede hacer la conexión adecuada de la red de agua que requiere nuestro proyecto, porque tenemos ese adeudo.
Cabe aclarar que ese cobro corresponde al periodo entre el bimestre seis de 2015 al cinco de 2020, fechas en las que ya no vivíamos en el edificio expropiado, pues desde 2012 lo desocupamos para que se iniciaran los trabajos de construcción de vivienda de Congreso de la Unión 77, alcaldía Venustiano Carranza, colonia Centro.
Por lo anterior, solicitamos con respeto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que con la sensibilidad que le caracteriza, instruya al Sistema de Aguas a que elimine ese cobro ilegal y se proceda a la conexión adecuada del suministro de agua, con el fin de que el Invi haga entrega de nuestras viviendas.
Mesa directiva asociación civil Casa Digna, Congreso de la Unión 77, Juan Pérez de Jesús, presidente; Eduardo Pérez Franco, mandatario, y Bartolo Facundo Pérez, secretario de actas
Abuso poliacial contra vendedora en Neza
El 20 de abril la policía municipal de Nezahualcóyotl, estado de México, en colusión con personal de vía pública municipal, decidió quitar a nuestra compañera Elisa su máquina de hacer palomitas, mercancía y otras herramientas de su trabajo.
Cabe destacar que de manera oficial se han hecho las solicitudes pertinentes a la autoridad municipal competente para la venta en vía pública, al igual se han interpuesto recursos legales en la quinta sala regional Nezahualcóyotl del Tribunal de Justicia Administrativa.
Estos recursos legales son en función de reclamar nuestro derecho al trabajo y a la autoridad como la obligada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para brindarnos todas las facilidades para acceder al trabajo digno.
Miguel Ángel Zepeda Patlani, coordinador regional del Sol Rojo
