Editorial

Sigue el error administrativo: la ampliación de tareas para las fuerzas armadas sin tener facultades legales para ello. Deben adecuarse las leyes militares para justificar las tareas que ya desarrollan. Encomiendas presidenciales y oficios no pueden sustituir el vacío legal. Especialmente donde hay beneficios económicos, los reciban o no las arcas castrenses: si ellos los generan, deben estar constituidos en entidad privada para responder fiscal, administrativa y hasta penalmente, o cambiar las leyes aplicables.