ras no alcanzar un acuerdo en su sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados aplazó para hoy la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial enviada por el Senado, en la cual se incluye un artículo transitorio que ampliaría el mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De aprobarse la minuta en los términos votados ayer por la bancada de Morena, Zaldívar y los siete consejeros de la Judicatura Federal podrían permanecer en sus cargos dos años adicionales al término original, a fin de que cuenten con el tiempo necesario para implementar la reforma con la cual se busca recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia.

Desde la oposición política y mediática se pretende instalar el debate en torno a una decisión supuestamente orientada a someter la SCJN y la Judicatura al Ejecutivo federal, por medio de la figura del presidente del máximo tribunal. Está claro, sin embargo, que el asunto de fondo radica en la impostergable limpieza del Poder Judicial. En este sentido, a ningún actor escapa el que, por su propia naturaleza y por los mecanismos que rigen su conformación, esta rama del gobierno posee una gran resistencia al cambio y una tendencia a acumular todo tipo de rémoras que lastran su capacidad de servir a la sociedad en las funciones que le confiere la Constitución. Asimismo, resulta evidente que una tarea de tal magnitud requiere la continuidad de los funcionarios que han decidido emprenderla pese a la renuencia de sus pares y de todo un entramado institucional construido no necesariamente para servir a la justicia, sino, en muchos casos, para el tráfico de influencias y el beneficio privado.

Los jueces que otorgan amparos al por mayor para frenar obras públicas o disposiciones legales son la muestra más inmediata de la manera en que el enquistamiento de intereses ilegítimos y corruptos en el sistema judicial se erige en una barrera a las urgentes transformaciones que demanda la ciudadanía. El desparpajo de algunos juzgadores para proteger a la oligarquía económica e incluso a las estructuras abiertamente criminales de la acción legal de las autoridades alcanza tales extremos que otorgan decenas de suspensiones provisionales o definitivas en unos días y, contra la ley, amparan incluso a quien no lo ha solicitado. De esta suerte, la carencia de escrúpulos con que se conceden los amparos exhibe que una parte de los juzgadores fungen no como contrapesos institucionales, sino como reductos de una oposición obstruccionista, empeñada en impedir la concreción de los cambios económicos, políticos y sociales por los que votó la ciudadanía.

Inseparable de esta vocación obstruccionista de algunos togados, la corrupción, en sus formas de nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad o soborno, constituye la mayor lacra en un poder cuya misión radica precisamente en la impartición de justicia y la aplicación del Derecho. Por ello, lo que está en juego es la posibilidad histórica de llevar adelante un proceso de saneamiento del sistema judicial, de cuyo éxito depende el futuro no sólo de la apuesta de transformación en curso, sino de la sociedad mexicana en su conjunto.

Cabe esperar que la reforma en la materia sea aprobada en breve, y que la nueva normatividad dé paso a la reivindicación de unas instituciones gravemente desprestigiadas.