espués de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera explícitamente al grave efecto de las UMA en dos conferencias matutinas (5 y 12 de marzo de este año) y después de su pronunciamiento en Guelatao (21 de marzo), el segundo eje decidió servirse de esas intenciones presidenciales en materia pensionaria para intentar confundir deliberadamente a los trabajadores sobre el grave efecto de las UMA y su interesado proyecto para ajustar pensiones en el Apartado B. Dos asuntos completamente diferentes.

Pretextando compensar los ingresos de los pensionados por el cálculo en UMA, durante la sesión virtual de la Junta Directiva del Issste celebrada el pasado 25 de marzo, el segundo eje (integrado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda y Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE) entró en acción para imponer un ajuste a las pensiones del Aparatado B, valiéndose del enrarecido clima que ha generado la jurisprudencia de la SCJN del pasado 17 de febrero y que obliga el pago de pensiones en veces de la UMA y no en veces del salario mínimo.

Muchos se preguntan si Ramírez Pineda fue el promotor –ante la SCJN– de la contradicción de tesis que culminó en la jurisprudencia. Según el comunicado 11.2021-Issste, el secretario Herrera aceptó la propuesta de Cepeda para encontrar solución a la inconformidad de los trabajadores por las UMA.

Cepeda recordó que el 3 de septiembre 2020 entregó al Presidente un proyecto para mejorar el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y que está estructurado para atender la exigencia actual.

El proyecto de Cepeda nada absolutamente tiene que ver con la inconformidad por las UMA. Fue presentado a AMLO en 2020, cinco meses antes de la aparición de la jurisprudencia. Cepeda sólo quiere usar el debate sobre las UMA para que los trabajadores del Apartado B pongan más de su bolsillo y paliar así, por ellos mismos, las bajas pensiones que pagará Pensionissste. Ése es su proyecto.

Sin embargo en la misma sesión virtual de la Junta Directiva, Cepeda apeló a la búsqueda de una respuesta positiva que reivindique las justas demandas para mejorar las pensiones. Conocemos el contexto. Sin embargo, nuestra responsabilidad es velar por la defensa de los derechos y conquistas de quienes representamos.

Ninguna defensa de derechos o conquistas. En realidad su proyecto –que en esa sesión fue secundado públicamente por Ramírez Pineda, director general del Issste–, busca otra cosa: ajustar el ahorro solidario en Pensionissste, con el antecedente de la iniciativa de la diputada María Sara Rocha (PRI) que reforma el artículo 100 de la Ley-Issste ( Gaceta Parlamentaria, Año XX111, 27/10/20) para elevar el ahorro solidario de 2 a 4 por ciento del salario base de cotización.

Cepeda sólo pretende ajustar las pensiones del Apartado B sin atender la jurisprudencia y su despojo. En la sesión virtual de la Junta Directiva del Issste dijo que los trabajadores se sienten optimistas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su intención de encontrar la ruta para mejorar las condiciones de jubilados y pensionados del Issste como ocurrió con los derechohabientes del IMSS, justo cuando este grupo no resulta afectado por el despojo de la jurisprudencia.

Es claro que su compensación no compensa en absoluto el impacto del despojo activado por la jurisprudencia y pretende aprovechar la oportunidad para ajustar las bajas pensiones que, como en el Apartado A y con las Afore, pagará la Afore Pensionissste.

Con la gran diferencia de que el decreto AMLO-Noriega Curtis de 16/12/20 para el Apartado A, no gravó más los niveles salariales de los trabajadores amparados por el IMSS, pero la compensación del segundo eje sí pretende que los trabajadores del Apartado B desembolsen más vía la elevación de ese ahorro solidario sólo para seguir recibiendo pensiones en el sótano.

Según la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el acumulado histórico 2009-20 del ahorro solidario sumó 38 mil 670 millones de pesos. Si lo duplicamos, siguiendo la iniciativa-Rocha, alcanzaría 77 mil 340 millones de pesos, poco más de la mitad de los recursos-2021 en la muy oportuna, pero mal llamada pensión para el bienestar de los adultos mayores –en rigor una ayuda– que representa 135 mil millones de pesos. Por supuesto, es sólo una referencia: la comparación no es simétrica.

Además, para ese segundo eje, la visión del Apartado B se reduce apenas a los que están en Pensionissste y discrimina a los trabajadores amparados por el artículo décimo transitorio de la nueva Ley del Issste; la gran mayoría.

¿Permitirá el Presidente que ese segundo eje siga usando su nombre para publicitar que compensará las UMA cuando, en realidad, pretende modificar –vía la elevación del ahorro solidario– las pensiones del Apartado B? Dos asuntos completamente diferentes.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco