n un debate tan interesante como el abierto en relación con las redes sociales no pueden estar ausentes el aporte y el enfoque de los derechos humanos. Sin éstos cualquier intento de regulación se acerca peligrosamente a una práctica antidemocrática. En la complejidad de este debate, resultó trascendente que Twitter y Facebook decidieran cerrar las cuentas del entonces presidente Trump en el contexto del asalto al Capitolio en Estados Unidos, lo cual causó declaraciones de desaprobación hacia las empresas digitales.

En Europa, por ejemplo, algunas voces se alzaron argumentando que estos actos hacen que impere el poder de ese tipo de firmas, las cuales actúan de forma discrecional en muchos casos. En México se escucharon declaraciones similares desde Palacio Nacional. Este hecho, apenas en enero de 2021, aceleró lo que se venía promoviendo, al menos desde el último lustro de este siglo. Me refiero a los intentos de regular el uso de las redes sociales, mediante marcos legales en determinadas jurisdicciones de distintos países.

Un hecho que influyó desde entonces para crear propuestas de regulación y revisión de las políticas de seguridad digital, fue lo que aconteció en relación con la empresa Cambridge Analytica, dedicada al análisis de datos, señalada en 2016, en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, de influir y manipular la decisión del voto entre los ciudadanos estadunidenses, a partir de hacerse de datos personales, que debían estar debidamente resguardados. Esta compañía, sin embargo, obtuvo tales datos, dados los débiles marcos y políticas de seguridad entre las firmas que ofrecen servicios digitales.

Con ello, en el marco de la toma de decisiones trascendentales, de alcance nacional e internacional, se nos mostró un intento de manipular y operar, favoreciendo a ciertos grupos. Se argumentó que en lugar de disputar la política, se pretendía cambiar la cultura, con cierto manejo de datos que favorece determinada postura política. Cosa que resulta sorprendente, al emerger un indicador del poder que ahora se tiene en el manejo de datos recabados mediante las redes sociales.

Hasta aquí vemos la necesidad de reafirmar que las empresas digitales, conforme con principios de derechos humanos, tienen la obligación de proteger los derechos de las personas en Internet, haciendo todo lo que esté a su alcance, para abstenerse de cometer cualquier interferencia que configure violaciones a la dignidad de las personas y a sus derechos. Ahora bien, legisladores de diversas naciones, incluyendo México, se apresuraron en estos últimos años a proponer cambios legislativos que pueden resultar contraproducentes para los derechos humanos en Internet.

En Europa, por ejemplo, se discuten diversos instrumentos legales que intentan regular a las empresas digitales, bajo el entendido de que amenazan las libertades y el acceso adecuado a la información.

En este sentido, nuestra nación también enfrenta un debate sobre la misma situación, a propósito de una iniciativa, recién dada a conocer en el Senado, y referida a regular las redes sociales. Asunto que se vincula con que varios congresos estatales impulsan reformas legales encaminadas a penalizar a toda aquella práctica que resulte incómoda para grupos en el poder. Es decir, reformas que ponen la responsabilidad sólo en personas físicas, generando medidas que penalizan e inhiben el libre y democrático intercambio y uso de las redes sociales. ¡Qué paradoja! Contrariamente a lo que aspira la ciudadanía, de contar con certezas de salvaguarda de nuestros derechos, y de protección y seguridad de datos personales, ahora resulta que denunciar prácticas de grupos que afectan derechos, nos pone bajo una espada de Damocles, con la amenaza de que se acredite la promoción de información que perturbe el orden público.

Todo lo anterior, supuestamente con base en querer evitar fakes news e información que promueve actos de violencia y odio. Conforme lo ha señalado la organización social Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), sabemos, desde febrero de 2021, que la iniciativa del Senado presenta deficiencias que atentan contra el derecho a la libertad de expresión y que omite proponer medidas adecuadas para la rendición de cuentas de plataformas digitales dominantes, así como de transparencia o notificación para personas usuarias, por decisiones de suspensión o cancelación de publicaciones o cuentas, tal como lo señaló la R3D (https://bit.ly/3wEJLx1).

Si bien se requiere regular a las empresas preponderantes en este campo, no se puede usar esto a conveniencia, dañando derechos de personas en Internet. Será fundamental entonces no regular lo que no se conoce a fondo. Antes bien, continuemos nuestro debate sobre las redes sociales, con el ánimo de situarlas como una pieza clave que posibilita fortalecer la vida democrática de las naciones, y no que la debilita.