Ciudad Victoria, Tamps., El pleno del Congreso local abrogó un acuerdo que fijaba las reglas para la declaración de juicio de procedencia para el desafuero del gobernador, así como de diputados estatales y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, considerado un intento de blindar al Ejecutivo estatal, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

De esta forma, el proceso que se realiza en la Cámara de Diputados federal deberá reproducirse completamente en el ámbito estatal, y al final, ser aprobado por mayoría absoluta para quitar el fuero a los citados servidores públicos.

En sesión ordinaria celebrada ayer, la 64 Legislatura tamaulipeca ratificó, con dispensa de turno a comisiones, una iniciativa presentada por el diputado Félix Fernando García Aguiar, del Partido Acción Nacional (PAN).

El pasado 2 de marzo, el Congreso estatal pasó sin previa discusión, con 24 votos de los diputados panistas (que son mayoría), así como de los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, nuevas reglas para declarar la procedencia de desafuero a los mandatarios tamaulipecos y evitar homologar el procedimiento que el Congreso de la Unión sigue contra García Cabeza de Vaca.

En el punto sexto de la acción legislativa se precisó que el dictamen que estipulaba las reglas del ejercicio del procedimiento para el desafuero, lejos de representar un intento de protección institucional en favor del gobernador, diputados o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, sólo representa el cumplimiento de lo que estipulan los artículos 14, 16 y 111 párrafo quinto de la Constitución federal, al igual que el segundo párrafo del numeral 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas, y el numeral 28 de ley federal de la materia.

La iniciativa se aprobó cinco días después de que la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional por considerar que el acuerdo del Congreso local conlleva un intento de proteger al gobernador García Cabeza de Vaca e invade funciones que únicamente corresponden al Congreso de la Unión.

En la demanda de controversia constitucional se acotó que la resolución de la legislatura local violenta diversas disposiciones de la Constitución federal, entre ellas la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia de desafuero en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.

Por lo pronto, la Cámara de Diputados analiza actualmente la procedencia del juicio de desafuero en contra de Francisco García por los supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.