lrededor de 20 jóvenes encapuchados salieron ayer desde el Parque Hundido hacia el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde atacaron el edificio de Rectoría con cohetones y piedras, causaron destrozos en instalaciones y vehículos en varios puntos de las inmediaciones, e iniciaron un incendio en áreas verdes ubicadas dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Además, golpearon al reportero gráfico de La Jornada Alfredo Domínguez, y dañaron el equipo de trabajo de este informador y de un colega de La Octava.

Los agresores no expresaron ninguna demanda, ni vinculada con la casa de estudios ni de otra índole. Aunque realizaron pintas con la leyenda UNAM no paga, en alusión a los retrasos y descuentos en los pagos de los salarios de profesores de asignatura y ayudantes, representantes de los docentes se apresuraron a señalar que no convocaron a ninguna movilización y que no tienen vínculos con el grupo que vandalizó Ciudad Universitaria.

En efecto, es del todo inverosímil que los integrantes del cuerpo académico que han sufrido atrasos en la entrega de sus percepciones –los cuales ya fueron subsanados, de acuerdo con las autoridades universitarias– tengan cualquier relación con quienes asaltaron las instalaciones de la UNAM y atacaron a los periodistas que cumplían con su labor de registrar los acontecimientos.

Es claro, en cambio, que estos grupos de choque operan como un mecanismo de desprestigio que desvirtúa causas y movimientos sociales, con un modus operandi elemental consistente en tomar cualquier coyuntura de descontento como pretexto para perpetrar desmanes. Ahí donde hay una causa legítima y justa, estas células aparecen para ampararse en el movimiento como excusa para sus despliegues de violencia, un proceso en el cual no sólo dañan infraestructuras públicas y privadas, sino de manera mucho más grave, afectan al prestigio de la causa en cuyo nombre actúan, causan un quebranto a instituciones claves como la propia UNAM, y ponen en peligro al conjunto de los ciudadanos.

Es ominoso que estos grupos de encapuchados no sólo no busquen la aceptación social como lo hace cualquier colectivo que pretende posicionar reclamos legítimos en la agenda pública, sino que parecen perseguir activamente el rechazo de la población e incluso provocar acciones represivas por parte de las autoridades. Así, el atraso político y la desorientación ideológica los convierten en instrumento de intereses inconfesables cuyo objetivo no parece ser el apoyo a reivindicaciones justas sino, por el contrario, su aniquilamiento ante la opinión pública.