El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que hubo una reacción errónea de un elemento del Ejército Mexicano que disparó en un punto de revisión en Motozintla, Chiapas, donde perdió la vida un ciudadano de origen guatemalteco. Informó que los soldados retenidos por la población, en protesta por el suceso, ya fueron liberados.

Fue una reacción errónea del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o de alguna otra manera, señaló en la conferencia de prensa matutina. Precisó que se alcanzó un acuerdo económico de reparación y el responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, relató que, tras el hecho, un grupo de aproximadamente 300 personas –entre mexicanos y guatemaltecos– agredió al personal; obviamente exigían justicia y retuvieron a 15 elementos, tres vehículos oficiales y 17 armas de cargo.

Luego llegaron al sitio el agente del MP y el comandante de la región militar; se inició el diálogo y en la tarde liberaron a nueve militares y amenazaron con llevarse al resto a territorio guatemalteco, pero sólo los trasladaron a la línea fronteriza.

A las nueve de la noche, con la intervención de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la liberación de personas.

Liberan a los seis elementos, les entregan las armas y los vehículos, y se llega a un acuerdo de reparación económica; obviamente, como era la exigencia de los pobladores, que se inicien las acciones judiciales en contra del responsable, dijo.

A disposición de la fiscalía de Chiapas

Los soldados involucrados en la muerte de un ciudadano de Guatemala se encuentran ya a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a la que corresponderá la investigación de los hechos, confirmaron fuentes del gobierno federal.

Reconocieron que hubo una reacción indebida del uniformado que accionó su arma, y que debido a que se trata de un caso del fuero común, que tiene como víctima a un civil, se aplica el artículo 57 del Código de Justicia Militar, y serán las autoridades civiles de la entidad donde ocurrieron los hechos las que deslindarán responsabilidades.

Dicho artículo fue reformado en 2014, luego de fallos de tribunales internacionales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para acotar el fuero de los militares.