n día después de haber cesado al ministro de Defensa, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció la destitución del pleno de la cúpula de las fuerzas armadas, una decisión sin precedente en la historia de Brasil. A las salidas del ex ministro Fernando Azevedo e Silva, el general Edson Pujol (ejército), el almirante Ilqes Barbosa (marina) y el brigadier Antonio Carlos Bermudes (aeronáutica), se suman los despidos del canciller Ernesto Araújo, así como de los titulares de Justicia, de la Abogacía General de la Unión (AGU) y de la Secretaría de la Presidencia. Apenas el 15 de marzo, el cardiólogo Marcelo Queiroga se convirtió en el cuarto ministro de Salud desde que se inició la pandemia.

arece que el desplome de la pederastia clerical no tiene fin. Nuevas revelaciones se suceden y más escándalos se suman a la interminable ruina eclesiástica. Desde hace décadas la Iglesia católica está en jaque ante el alud de evidencias incriminatorias. Virtualmente no existe diócesis, a escala mundial, en la cual algún ministro de culto no haya cometido actos sexuales repulsivos contra menores. Lesionando a niños, los integrantes más vulnerables de la sociedad. Puestos bajo el cuidado del cura por la confianza de los padres. Dicha confianza no sólo se perdió, sino que, ahora, se pone en cuestión la santidad del sacerdocio. Pareciera ahora que es un oficio quebrado. Es cierto que la pederastia es un fenómeno que había permanecido opaco en la sociedad y los escándalos de la Iglesia han permitido ponderarla en la agenda social con mayor agudeza. Una primera constatación, mientras fuera de la Iglesia la mayoría de las víctimas son mujeres, dentro de la Iglesia sucede lo contrario.

n régimen o época histórica, como la Cuarta Transformación, puede ejercer el poder que el pueblo le ha delegado, como estructura de gobierno, conservando gran parte de la estructura legal del régimen anterior. Las tres transformaciones previas a la actual por ello inauguraron su edad dictando una nueva Constitución. La Cuarta Transformación no lo ha hecho todavía y sufre la sobrevivencia de un orden jurídico que no corresponde a su proyecto, apoyado abrumadoramente por el pueblo desde 2018. Esa contradicción salta a la vista cada momento y se manifiesta ahora en dos eventos que exigen inmediata intervención. Hay dos leyes que fundamentan políticas enderezadas contra Moderna que responden a instituciones y autoridades elegidas por el antiguo régimen corrupto y neoliberal. Me estoy refiriendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tribunal electoral, y a la ley de amparos. Son dos instituciones que se justifican en sus leyes fundamentales correspondientes, y que le fijan las normas de su operabilidad. Repetimos, tanto jurídicamente y por sus ejecutores responden a la concepción del régimen rechazado por el pueblo en la elección de 2018, neoliberal; uno por sus continuas maniobras políticas contra Morena, y la otra por su concepción de la competencia, clamando igualdad miembros del sistema judicial, desde el argumento que abusivamente extiende del orden económico del mercado al político.