Con una votación superior a la mínima requerida de dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno, el Congreso local designó al procurador fiscal capitalino, Edwin Meraz Ángeles, como titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) para un periodo de siete años del primero de mayo próximo al 30 de abril de 2028, con la posibilidad de ser ratificado para un segundo periodo.

Meraz obtuvo 50 votos de los 56 legisladores que acudieron a la sesión en el recinto legislativo de Donceles y Allende, mientras María Martha Zavala Galina y Guillermo Muñoz Morales, quienes completaban la terna de candidatos a dirigir el órgano auxiliar de fiscalización del Legislativo, obtuvieron tres y dos votos, respectivamente, y se extrajo de la urna una cédula de votación anulada.

El pleno aprobó primero por unanimidad y sin debate de por medio el dictamen con la terna que presentó la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la ASCM. El presidente del órgano dictaminador, José Luis Rodríguez Díaz de León, de Morena, al exponer el dictamen sostuvo que el proceso se realizó con cuidadoso apego a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Fiscalización Superior y la Ley del Congreso local, y la información se hizo pública en un micrositio dentro de la página web del Legislativo.

Vega concluye periodo

El auditor David Vega Vera concluye su periodo el 30 de abril, fecha que el gobierno capitalino tiene de plazo para entregar al Congreso la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 para su revisión, por lo que corresponderá a Meraz Ángeles elaborar el programa general de auditorías y someterlo a consideración del pleno.

En el plan de trabajo que expuso ante la comisión en la fase de entrevistas, el procurador fiscal propuso hacer de la ASCM una instancia coadyuvante del Sistema de Planeación del Desarrollo al incorporar a su ámbito de competencias la evaluación de las políticas públicas; orientar el quehacer fiscalizador a tener un impacto en los programas, servicios y una mejor eficiencia en la gestión pública y el derecho a la buena administración, más allá de generar observaciones; dotar de fuerza vinculatoria sus recomendaciones para mejorar normas y procedimientos y auxiliar a los entes fiscalizados en propuestas concretas de solución, entre otras.