a ciudadana salvadoreña Victoria Salazar murió a consecuencia de fracturas en la columna vertebral y el cuello en el curso de su detención por elementos policiales en Tulum, Quintana Roo, según lo estableció la autopsia realizada al cuerpo de la víctima. La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, señala el peritaje forense. En suma fue un asesinato documentado, además, en diversas videograbaciones.

Para colmo, los homicidas, en lugar de salvaguardar la escena del delito y de llamar al Ministerio Público y al servicio forense, subieron el cadáver a un vehículo policial y lo trasladaron a una agencia de su corporación.

La primera y obligada reflexión es que la brutal incapacidad, la falta de humanidad, la torpeza y la ignorancia de los uniformados que protagonizaron este episodio criminal –tres hombres y una mujer– son indicativos de la presencia, en diversas corporaciones policiales, de elementos que, lejos de garantizar la seguridad de las personas, representan un peligro de muerte potencial para cualquiera que tenga la mala suerte de ser detenido con o sin motivo.

El comentado no es ciertamente el único caso de violencia policial homicida. Para citar uno de los más sonados, en mayo del año pasado, en el municipio jalisciense de Ixtalhuacán de los Membrillos, conurbado a Guadalajara, mataron a golpes al joven Giovanni López, tras detenerlo por no usar cubrebocas.

Y el fenómeno no es, desde luego, privativo de México. En ese mismo mes, en Mineápolis, Minesota, el ciudadano afroestadunidense George Floyd fue asfixiado en el curso de su arresto por el ahora ex policía Derek Chauvin con la complicidad de su compañero Tou Thao, en un episodio que provocó una oleada de indignación en Estados Unidos y en el mundo. Para entonces, en la nación vecina, los numerosos asesinatos de afroestadunidenses a manos de policías habían dado ya origen al movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan).

Si en Estados Unidos las víctimas principales de brutalidad policial son personas negras y latinoamericanas, en nuestro país los excesos de violencia por parte de uniformados tienen también inconfundibles orientaciones racistas, clasistas, misóginas, homofóbicas o xenófobas.

En el caso de Victoria Salazar, no puede pasarse por alto el hecho de que su homicidio tuvo lugar en una región de gran afluencia turística en la que, sin embargo, no se ha sabido que los agentes del orden se ensañen de manera semejante en contra de vacacionistas de alto poder adquisitivo, nacionales o extranjeros, por más desmanes que éstos puedan realizar.

No puede soslayarse, en cambio, que en el caso de Tulum la víctima era mujer, extranjera, migrante y pobre.

En lo inmediato es exigible, desde luego, que la procuración y la impartición de justicia sancionen conforme a la ley a los autores del homicidio, pero ello no es, ni de lejos, suficiente.

Es impostergable, además, emprender una capacitación urgente de las corporaciones policiales estatales y municipales, no sólo en materia de prácticas legítimas de arresto y de uso de la fuerza, sino también, y lo más importante, en principios éticos, empezando por el del respeto a la vida humana.