La tortura –incluyendo la de carácter sexual– sigue siendo una práctica generalizada y recurrente en México, en gran medida por la impunidad casi total que rodea a este fenómeno, lo cual lleva a la comisión de nuevos casos y a la estigmatización de las víctimas, señalaron las participantes en un foro a distancia sobre el tema.

Helena Solà, consejera de la Organización Mundial contra la Tortura, recordó que del 4 al 11 de febrero pasado dicho colectivo realizó una visita virtual a México para verificar el nivel de avances de la lucha contra los malos tratos, en la cual conversaron con autoridades, organizaciones civiles y sobrevivientes de dicho fenómeno.

Uno de los principales hallazgos de la misión, lamentó, es que las autoridades mexicanas –sobre todo las de los estados– siguen sin reconocer la magnitud de la tortura, por lo que la enorme mayoría de los casos no se investigan ni sancionan, y además, las víctimas son criminalizadas y estigmatizadas.

En el caso de las mujeres, la tortura suele tener derivaciones sexuales, no sólo como un método de fabricación de culpables, sino como una forma de castigo en contra de ellas por no seguir los estereotipos de género que tratan de marginarlas del espacio público, como lo comprueba la represión policiaca en contra de manifestaciones feministas, señaló.

En la práctica, seguimos viendo falta de voluntad y de recursos para combatir la tortura y esto se muestra en las prácticas lentas y obstructivas de la mayor parte de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Hay una ley general contra la tortura, pero no se está implementando de manera satisfactoria y seguimos viendo grandes problemas en la detección y documentación de casos, lamentó.

Por su parte, Melissa Zamora, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que un caso paradigmático de tortura sexual en México es el de la ciudadana peruana Taylín Clotet Wang, quien en 2014 fue detenida y violentada por policías municipales de Torreón, Coahuila, para obligarla a autoinculparse de delitos que no cometió.

Octavio Amezcua, integrante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que desde 2019 está listo el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar la Tortura, pero no se ha publicado ni puesto en marcha.