a disputa por el control de la industria eléctrica escala cada día. Lo que el gobierno federal anuncia como acción para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los grupos empresariales lo presentan como una ofensiva contra las energías limpias y la libre competencia.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que modifica el esquema de generación y aprovechamiento del fluido, presentada por Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor este 10 de marzo. Sesenta y dos por ciento de los diputados votaron en favor y 37 por ciento en contra. En el Senado, 58 por ciento la apoyaron y 42 por ciento la rechazaron.

De inmediato, el conflicto escaló a niveles inusitados y se convirtió en un choque de poderes. Esgrimiendo argumentos similares a los que han sostenido desde 1998 (https://bit.ly/3f0YprO), los empresarios pasaron a la ofensiva y presentaron más de 40 juicios de amparo. Con una rapidez inusual, los jueces otorgaron suspensiones provisionales y hasta definitivas.

El Presidente cuestionó la actuación del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro y envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señala: Le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Simultáneamente, amagó con una reforma constitucional en la materia, en caso de que las modificaciones a la ley naufraguen en un mar de amparos.

Pese a la enardecida respuesta empresarial, la nueva legislación eléctrica está lejos de la norma aprobada en 1960 por Adolfo López Mateos, quebrada por la regresiva reforma constitucional energética de diciembre de 2013. Aunque acotados parcialmente por la nueva legislación, persisten muchos elementos del marco legal que despojan, en favor de intereses privados, los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético de los mexicanos.

La reforma modifica el orden de prelación para el despacho de energía eléctrica. Establece, en primer lugar, el uso de la generada en hidroeléctricas. En segundo término, el de las demás centrales de la CFE. En tercero, la energía eólica y solar producida por los particulares, con grandes subsidios no transparentes. Finalmente, establece el uso de las centrales de ciclo combinado de propiedad privada.

Considerando que la energía eléctrica no es una mercancía más que se pueda comprar en cualquier parte, sino un bien estratégico necesario para el desarrollo independiente, el nuevo marco legal modifica la obligación de la CFE de adquirir electricidad a partir de subastas, que, teóricamente, permiten escoger el precio más barato. A partir de ahora, la CFE podrá obtener el fluido eléctrico de acuerdo con las prioridades señaladas, sin subasta de por medio.

La nueva ley permitirá poner orden entre los generadores de autoabastecimiento o cogeneración (muchos de ellos políticos) que se beneficiaron con la venta de garaje de bienes y servicios públicos de los sexenios pasados. Previa revisión, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá revocar permisos que se habían dado bajo la anterior ley.

El 29 de diciembre de 1960, la reforma de López Mateos estableció el principio constitucional de la exclusividad a favor de la nación del servicio público de electricidad. Adicionó al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, la atribución a la nación de la competencia exclusiva para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. La reforma constitucional de 2013 echó abajo este principio (https://bit.ly/3r7Ncbx). Aunque la nueva ley de la industria eléctrica recupera soberanía de manos de los privados no restituye plenamente este principio.

La industria eléctrica en México nació de la mano del capital privado y el Estado tuvo que intervenir para remediar sus desfiguros. A mediados de la década de 1930 el grueso del sector estaba en manos de dos empresas extranjeras. Su gestión era muy deficiente. Había diferencias en los voltajes de distribución y frecuencia de generación. El desarrollo del país requería unificar las prácticas de la industria, de forma que pudieran interconectarse todas las redes. La solución del problema era compleja, al punto de que sólo pudo resolverse hasta 1976, 15 después de su nacionalización. El suministro era inadecuado y las tarifas altas. El servicio era caro y malo. Las quejas de los consumidores, industriales, comerciales e individuales eran frecuentes.

En 1960, el gobierno compró todas las propiedades mexicanas de Impulsora de Empresas Eléctricas, y 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power Co. Heredó una situación caótica. Existía una gran variedad de tarifas y no había criterios para unificarlas. La situación financiera era delicada. Coexistían diversos sistemas de generación y distribución de energía. Una de las primeras tareas del nuevo consorcio estatal fue poner orden. Lo hizo. La nacionalización permitió una enorme expansión del sector y facilitó la industrialización del país.

La industria eléctrica es, por racionalidad económica, un monopolio natural integrado. Es tiempo de recuperar plenamente la soberanía energética. Para ello, no hay más camino que una reforma constitucional que recupere el principio de la exclusividad del sector público de electricidad a favor de la nación.

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