Senadores de Morena consideraron que pese al alud de amparos que puedan presentarse, no van a prosperar porque la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se enmarca en lo establecido en la Constitución.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres, así como Jesusa Rodríguez y José Narro, coincidieron en que México tiene el derecho soberano de proteger sus recursos energéticos, sobre todo en el caso de contratos tramposos, signados por gobiernos pasados, en que se dan ventajas indebidas a las empresas trasnacionales que producen electricidad.

La reforma a la Constitución que se aprobó en 2013 en materia energética establece que será en la ley secundaria, es decir, en la Ley de la Industria Eléctrica, donde se fijen las formas de participación de los privados en ese sector, resaltó el senador Batres.

Las trasnacionales, agregó, van a dar mucha guerra judicial, pero al final tendrán que renegociar los contratos con el gobierno federal, cuya actuación es completamente justa.

Aclaró que hasta el momento algunos jueces han dado entrada a los amparos y otorgado la suspensión provisional, pero falta desahogar todo el proceso.

Recuperar el patrimonio

Por su parte, la senadora Jesusa Rodríguez comentó que no es de extrañar que Iberdrola y las demás corporaciones eléctricas –beneficiadas desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari– estuvieran seguras de que podrían seguir, por lo menos los próximos 30 años, con el saqueo y despojo de los recursos energéticos, y ahora estén protestando y busquen ampararse, pero la soberanía y el patrimonio nacional tienen que recuperarse.

La clave ahora, recalcó la legisladora, es que los jueces no se vendan a las corporaciones.

A su vez, el senador Narro expuso que el Congreso cumplió con su parte, al aprobar cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de frenar abusos de las empresas privadas, que no tienen por qué ser subsidiadas con recursos públicos.

Por otra parte, en un comunicado, los diputados del PRI advirtieron que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en torno a los jueces que han dado entrada a amparos de las empresas eléctricas, sobrepasan los límites constitucionales y legales de su encargo, al tiempo que lamentaron su intención de amedrentar a un órgano jurisdiccional ante el cumplimiento de sus obligaciones.