Ante las críticas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y diversos actores políticos han realizado por resoluciones jurídicas que suspenden la entrada en vigor de la llamada reforma eléctrica, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, señaló ayer en su cuenta de Twitter: Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial.

Estas reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo y hasta el momento se han otorgado cinco suspensiones que detienen cualquier acción que se considere parte de esas modificaciones jurídicas en materia de producción y suministro eléctrico.

Solicita revisión

El viernes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador indicó que solicitará que se investigue a los jueces que atienden los asuntos del sector energético al sospechar posible complicidad con particulares.

Estos jueces surgen cuando se lleva a cabo la reforma eléctrica para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger el interés nacional. Vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares, dijo el mandatario.

En ese contexto, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, integrados en el Consejo General de la Abogacía Mexicana, formularon un respetuoso llamado al titular del Ejecutivo federal a fin de preservar el respeto a los principios de separación de poderes e independencia judicial inherentes a nuestro orden constitucional, a la vez que expresamos nuestro respaldo y confianza a cada uno de los juzgadores que integran el Poder Judicial de la Federación para que puedan desarrollar su labor con completa libertad y sin interferencias de ningún tipo.

El gobierno federal, a través de su Consejería Jurídica, puede interponer recursos legales a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise las suspensiones otorgadas, mientras el Congreso de la Unión también tiene la posibilidad, como autoridad demandada, de presentar argumentos para que la resolución a través de la que concedió la suspensión sea revisada por un tribunal.