e acuerdo con información generada por la Secretaría de Economía, 60 mil de los 70 mil kilogramos de oro que se extraen anualmente del subsuelo mexicano provienen de las 10 minas auríferas más grandes, y seis de ellas se encuentran en manos de las empresas canadienses Torex Gold, Agnico Eagle Mines, Equinox Gold, Alamos Gold, Pan American Silver y First Majestic. De esta manera, las compañías de nuestro socio comercial son propietarias de 60 por ciento del metal precioso extraído en México, mientras el 30 corresponde a mineras mexicanas y 10 por ciento a estadunidenses.

La concentración de la riqueza mineral del país en un puñado de empresas de capital canadiense es uno de tantos saldos nefastos de las políticas de saqueo impulsadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las cuales alcanzaron su mayor potencial dañino con la reforma energética consumada entre 2013 y 2014. Tal prisa hubo en traspasar los bienes nacionales a manos privadas que, sólo entre 2000 y 2018, las empresas mineras extrajeron cinco veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los tres siglos de la Colonia.

El empeño de las administraciones neoliberales para beneficiar a las trasnacionales incluyó la entrega de millones de hectáreas en concesiones con duración de hasta medio siglo, prorrogables a su término. En este frenesí enajenador llegó a ponerse en control de las mineras la mitad del territorio nacional: sólo durante el calderonato se entregaron 35.5 millones de hectáreas, es decir, 18 por ciento de la superficie de México. Además, se urdió un entramado jurídico que permitió a las compañías extractivas sacar del país la riqueza del subsuelo de manera prácticamente gratuita, con contribuciones ínfimas a las finanzas públicas y a las comunidades donde se asientan las minas. Así, la extracción de oro deja porcentajes tan irrisorios como el 0.063 por ciento de los ingresos a las poblaciones donde operan las minas, y el fisco incluso debe pagar a las compañías en conceptos como IVA o IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios); mientras que acuerdos lesivos al Estado lo obligan a renunciar al cobro de impuestos para evitar la llamada doble tributación, de modo que las empresas sólo tributan en los países donde tienen su domicilio legal (muchas veces, paraísos fiscales), pero no en aquéllos en los que realmente operan y con cuyos recursos lucran.

Este entreguismo neoliberal no sólo tiene entrampado al Estado mexicano en disputas para recuperar su capacidad tributaria, sino que ha sido una fuente de conflictos sociales y catástrofes ambientales. Envalentonadas por el respaldo absoluto otorgado durante los sexenios pasados, las mineras extranjeras se han conducido en México de maneras que irían contra sus propios códigos en sus países de origen: ejemplo de ello es Pan American Silver, que en Canadá promueve la minería responsable y sustentable, mientras aquí ha desplazado a las comunidades y aprovechado la militarización para realizar sus operaciones. En La Colorada, Zacatecas, planta que le aporta 78 por ciento de su producción de oro en México, destruyó las casas de los pobladores y recurrió a guardias de seguridad privada para confinarlas en una unidad habitacional donde no les permitía ni siquiera ver a sus familiares. En Carrizalillo, Guerrero, Leagold (ahora fusionada con Equinox) y antes de ellas Goldcorp invadieron las tierras de cultivo de los ejidatarios, los privaron del agua potable al devastar siete manantiales, y han incumplido de manera sistemática las promesas de apoyarlos tras haber destruido sus medios de subsistencia. No se trata de casos aislados: en 2020, el Atlas de Justicia Ambiental documentó 616 casos de conflictos mineros en todo el mundo, con más de una cuarta parte de ellos vinculados a empresas canadienses.

En suma, en su funcionamiento actual, la minería y en particular la extracción de oro, constituyen pingües negocios para los grandes capitales, en su mayor parte extranjeros, que genera pocos o ningún beneficio económico a México y que, para colmo, deja tras de sí una estela de daños sociales y ambientales. Por ello, si esta actividad ha de proseguir, deberá hacerlo bajo un esquema que garantice su operación con los máximos estándares de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la legislación mexicana.