l menos en el esbozo formalmente registrado ayer entre un juez y una agente del Ministerio Público federales hay una negociación en curso para que Rosario Robles Berlanga, única ex secretaria del gabinete peñista en prisión, pueda reconocer culpas, obtener penas disminuidas y gozar de libertad condicionada si sus aportaciones a castigos de sus superiores fueran consolidadas. Tienen cinco días hábiles los negociantes para presentar sus propuestas al juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos.

De aprobarse la citada negociación, y en un horizonte distante de lo meramente jurídico, hasta de manera gráfica se disminuiría la percepción colectiva de que realmente se intenta y se puede lograr un tipo de justicia verdadera, ejemplar, de formación cívica y pedagogía social.

Robles ha sido un caso especial, se ha reiterado aquí, en el que además de su muy probable responsabilidad en actos de saqueo maquinado y pandilleril de recursos públicos, que contó con la animadversión acumulada por sus actos hostiles al obradorismo, sobre todo los videoescándalos aportados por su pareja Carlos Ahumada contra René Bejarano y AMLO. Proceso judicial y cárcel fueron revancha anunciada en este sexenio.

Doblegada en su original postura retadora (búsquenme hasta por debajo de las piedras, decía), Robles Berlanga podría alcanzar beneficios judiciales que serían proporcionalmente expresivos de los límites prácticos de la muy insistente campaña retórica del presidente López Obrador contra la corrupción y sus ejecutores del pasado, sobre todo el reciente.

Podría resultar, desde luego, que no se cerraran los acuerdos entre Robles, Octavio Romero (director de Pemex) y el muy alicaído Alejandro Gertz Manero (FGR). Aun así, la abundancia de hechos de impunidad práctica, aunque la legalidad los permita o propicie (Cienfuegos, Lozoya, en curso Alonso Ancira; libres y tranquilos, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otros), apunta a una erosión en la realidad de las promesas justicieras y una incapacidad operativa que se ha estancado en casos menores y hace ver sumamente inviable aquella cantaleta del juicio a ex presidentes de la República. ¡No te preocupes, Rosario!, ¿no se preocupen, grandes corruptos?

El Presidente mostró un avance notable en una de sus propuestas polémicas, las instalaciones aeroportuarias en Santa Lucía, ayer en cuanto a operaciones militares. Aprovechó para sustanciar su convicción política, ideológica y utilitaria de las fuerzas armadas como puntal de la administración civil, conversas, según la visión andresina, a nuevas funciones, misiones y mística.

Antes, en su conferencia mañanera de prensa, hizo una notificación cuando menos inoportuna: habrá un gobernador de Palacio Nacional. El antecedente de ese cargo se dio en la última estancia de Antonio López de Santa Anna en el poder (1853- 1855, la única en la que merece, en realidad, el calificativo de dictador, según el historiador Raúl González Lezama https://bit.ly/2Z6u5TC).

En Palacio Nacional , publicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, coordinada entonces por Lorena Zedillo Ponce de León,(https://bit.ly/3jP0VSF) se establece: El edificio estaba a cargo, por cierto, de un gobernador, quien residía en el mismo palacio, y que según el Reglamento para el Gobierno Interior del Palacio Nacional, del 16 de junio de 1853, su administración debía comprender los ramos de seguridad, conservación, policía y ornato. Del gobernador, nombrado por el mismo Santa Anna, dependían un conserje, un escribiente, dos mozos, el arquitecto de Palacio, un capellán, un relojero, dos serenos y personal de limpieza. Palacio era resguardado por el ejército y habitado por el presidente, los ministros y los diputados.

¡Hasta mañana, con el PRIMor consolidado ayer en SLP por Mario Delgado, para dar paso al compromiso original con el verde y negro diputado Ricardo Gallardo Cardona!

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