A tres años de la desaparición de Brian Eduardo Arias Garay, ocurrida en Nayarit, las investigaciones tanto de la fiscalía local como de la General de la República (FGR) sobre el caso no han registrado prácticamente ningún avance, y aunque la familia de la víctima ya acudió incluso ante Naciones Unidas para pedir la intervención de este organismo, las autoridades mexicanas siguen haciendo únicamente búsquedas de papel.

Así lo afirmó Virginia Garay, madre del joven desaparecido el 6 de febrero de 2018 en la ciudad de Tepic, quien lamentó que el gobierno siga lavándose las manos con tanta facilidad y que, a pesar de las amenazas que ha recibido por sus actividades de búsqueda de su hijo, siga sin tener medidas de protección.

La investigación va muy mal: no hay nada, seguimos igual. Yo les di el nombre de la persona que yo considero como principal sospechosa, por equis razones, además de videos, su ubicación y todo lo necesario, y no han podido localizarlo. Incluso ya se fue del lugar donde residía y nomás no han podido hacer nada, lamentó la presidenta del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros.

Garay recordó que la FGR se hizo cargo del caso de la desaparición de su hijo en 2019, pero al ver que no hay ningún movimiento mandé una queja a Naciones Unidas. Me contestaron y mandaron acciones urgentes (al Estado mexicano), pero en la fiscalía siempre se sacan la misma, dicen que han hecho 20 mil cosas, pero nada más.

De acuerdo con la mujer, la respuesta de las autoridades es únicamente que ya mandaron requerimientos de información a diversos hospitales, servicios forenses y cárceles para ver si el joven se encuentra ahí. Sólo mandan oficios y muchos todavía no tienen respuesta. La sábana de llamadas no la han procesado, denunció.

Se echan la bolita

Debido a las actividades de búsqueda que ella misma ha realizado, ha sido blanco de diversas amenazas, y aunque ya notificó a las autoridades sobre ello, “sólo te dan un número de teléfono. Sí me hablan con frecuencia para ver cómo estoy, pero los de la FGR le ‘echan la bolita’ a los de la fiscalía de Nayarit y te quedas en lo mismo”.

La activista subrayó: ya son tres años y el dolor continúa. Seguimos trabajando, pero mi salud mental, física y económica cada vez está más deteriorada.