l procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, calculó que tan sólo las empresas factureras dedicadas al outsourcing provocan a las finanzas públicas un quebranto de 200 mil millones de pesos cada año en forma de evasión fiscal. A estas pérdidas se suman 300 mil millones de pesos desviados por los despachos que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, a través de otros esquemas de defraudación.
Romero Aranda dio dicha información en una entrevista efectuada horas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con representantes del sector patronal, con el fin de acordar una serie de ajustes a la iniciativa de regulación del outsourcing enviada por el Ejecutivo al Congreso el 12 de noviembre.
Al cierre de esta edición, el mandatario continuaba el diálogo con la delegación empresarial, y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados había pospuesto para el jueves la discusión del dictamen.
Como se ha insistido en este espacio, además de la evasión fiscal denunciada por el procurador en la materia, el outsourcing o subcontratación es causante principal de la aguda pérdida del poder adquisitivo y los derechos laborales de los trabajadores en las décadas recientes, y en particular desde que el entonces presidente Felipe Calderón lo legalizó en la contrarreforma laboral promulgada el último día de su sexenio.
Aunque reviste muchas formas legales e institucionales, en su esencia, la subcontratación es un método diseñado para ampliar los márgenes de ganancia de las empresas mediante una brutal precarización de los ingresos y la calidad de vida de los asalariados
Al ser contratados en forma oficial por una empresa distinta a aquella para la que realmente laboran, los trabajadores se encuentran indefensos ante los abusos patronales, pues no pueden entablar ningún proceso contra un empleador con el que, ante la ley, no tienen ninguna relación.
Además, la tercerización –contratación a través de un tercero– es utilizada de manera frecuente para registrarlos ante la seguridad social y las autoridades hacendarias con ingresos sustancialmente inferiores a los que perciben, lo cual repercute de manera negativa en sus pensiones, el acceso a créditos de vivienda, licencias de maternidad, incapacidad, repartos de utilidades (cuando los hay), así como en incapacidades o pagos por accidentes de trabajo.
Por lo anterior, es deseable que el texto que discutan y aprueben los legisladores, y finalmente promulgue el titular del Ejecutivo, responda a la expectativa de poner fin a esta lesiva simulación.
Una verdadera reforma deberá restaurar tanto la capacidad del Estado para captar y distribuir recursos a favor de las mayorías, como los derechos más elementales de los trabajadores a ser reconocidos como tales por la empresa que emplea su mano de obra, a gozar los beneficios de seguridad social derivados de su actividad, así como a contar con ingresos dignos a lo largo de su vida laboral y durante el merecido retiro al final de la misma.
