La reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad y a la seguridad vial ya fue aprobada por 17 congresos estatales, lo que permitirá hacer la declaración de constitucionalidad y su entrada en vigor, informó ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En la presentación de los resultados del Proceso Nacional de Armonización Normativa en Materia de Movilidad, Sánchez Cordero y los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, sostuvieron que el derecho a la movilidad no es solamente una cuestión de bicicletas, ciclovías o de transporte alterno, sino la estructuración de las ciudades y de cómo nos movemos y vivimos.

Sánchez Cordero indicó que la armonización impulsará la calidad de vida de los mexicanos y dijo que una de las metas principales del gobierno de la 4T es mejorar las condiciones de habitabilidad en el territorio nacional y, con ello, el bienestar general de la ciudadanía.

El derecho humano a la movilidad incide de manera horizontal y de distintas formas en la vida cotidiana y, por otro lado, constituye una actividad de gran trascendencia para el desarrollo económico y social del país.

La secretaria de Gobernación celebró que los congresos locales se estén sumando al llamado para armonizar las leyes locales con la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial. Hasta hoy he sido informada que ya son 17 legislaturas las que aprobaron la minuta con proyecto de decreto de la reforma constitucional.

Meyer sostuvo que la administración pública en todos los órdenes de gobierno debe estar sensibilizada en materia de movilidad y ésta debe tener un espacio central en los instrumentos de planeación urbana a nivel municipal, pues es ahí donde se diseña la estructura de las ciudades, incluyendo cómo nos movemos.

Albores refirió que la movilidad tiene efectos en el medio ambiente, sobre todo en la calidad del aire y el cambio climático, además de su relación con la salud de las personas. Dijo que se trata de una problemática transversal que va más allá de las dimensiones de la vida urbana y no se puede limitar a políticas de transporte y vialidad.

Aseguró que el sector ambiental federal tiene especial interés en cooperar en la integración de la perspectiva climática en las leyes estatales de movilidad, ya que tiene como mandato en la Ley General de Cambio Climático, y particularmente en el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024, la reducción de emisiones en el sector transporte, orientadas a la movilidad sustentable en las zonas urbanas y conurbadas del país.

(Con información de Fabiola Martínez)