os autores de una investigación publicada en la revista Nature Medicine alertaron sobre los riesgos de la desconfianza social hacia una futura vacuna contra el Covid-19. Según los científicos, en la mayoría de los 19 países que incluyó su estudio, los niveles de aceptación de una eventual vacuna son insuficientes para responder a las exigencias de la inmunidad comunitaria: a nivel global sólo 72 por ciento de las personas encuestadas aceptaría inocularse si una vacuna disponible contra el Covid-19 demuestra su eficacia y seguridad; sin embargo, en Francia, Polonia y Rusia, entre otros países, la cifra cae por debajo de 60 por ciento. En tanto, el seguimiento del Instituto Tecnologico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) muestra que apenas 65 por ciento de los estadunidenses se vacunaría, frente a 15.4 por ciento que se negaría y 19.2 por ciento que no ha tomado una decisión al respecto.

Las actitudes ante la inmunización contra el coronavirus son reflejo de uno de los más grandes retos de la salud pública en la actualidad: la resistencia a la vacunación en crecientes sectores sociales debido a una variedad de supersticiones de viejo y nuevo cuño. El más reciente de estos mitos es el que vincula a las vacunas con el autismo, bulo surgido de un estudio realizado con apenas 12 niños y liderado por un autor en obvio conflicto de intereses, quien buscaba desacreditar el fármaco usado en Gran Bretaña contra el sarampión tras patentar un nuevo compuesto que competiría con el anterior.

Pero la oposición a las inoculaciones se remonta a la Gran Bretaña y los Estados Unidos de hace 150 años, donde su fundamento tenía poco que ver con argumentos médicos y mucho con la ideología imperante en el mundo anglosajón, tanto entonces como ahora: el rechazo a cualquier directriz proveniente del Estado y la defensa a ultranza de un concepto distorsionado de la libertad individual.

Esta combinación de ideología y superstición ha tenido enormes costos humanos, como demuestran los rebrotes de sarampión en años recientes a consecuencia de la pérdida de inmunidad colectiva que se produce cuando un porcentaje significativo de la población no está vacunado. En 2017, esta caída de los niveles de inmunización causó 35 decesos y al menos 500 infecciones de sarampión en Europa, un repunte de 400 por ciento respecto de años previos.

Es cierto que la industria farmacéutica se encuentra muy lejos de cumplir con los estándares éticos esperables y exigibles de quienes tienen en sus manos la salud y la vida de millones de seres humanos. En este sentido, las malas prácticas de las corporaciones del ramo explican, hasta cierto punto, la desconfianza ciudadana hacia sus intenciones en la comercialización de nuevos tratamientos –en particular de aquellos para los cuales se prescribe una aplicación generalizada, como sucede con las vacunas–. Sin embargo, las irrefutables pruebas acerca de la inocuidad y la eficacia de las vacunas, así como de su contribución decisiva en el aumento de la esperanza y la calidad de vida, permiten afirmar que en este caso la necesidad sanitaria se encuentra por encima de cualquier suspicacia.

Ante el inminente peligro de que un conjunto significativo de ciudadanos se niegue a recibir la vacuna de la influenza de cara a la temporada invernal, y la desarrollada contra el nuevo coronavirus cuando ésta se encuentre lista, las comunidades médica y científica deben forjar una estrecha alianza con las autoridades con el fin de combatir el fenómeno supersticioso con información basada en hechos y en evidencia científica.