ientras que las autoridades de salud del estado y la población de Sonora están pendientes de cómo evoluciona la pandemia de Covid-19 (hasta ayer se habían registrado 550 defunciones en la entidad), los grupos armados del narco continúan, como si nada ocurriera, librando su cruenta guerra por controlar el territorio para introducir drogas en suelo estadunidense.

El viernes le tocó el turno –de nueva cuenta– a Caborca, donde un comando integrado por gran número de vehículos (la cifra varía, según las distintas versiones, entre 50 y 100) prácticamente tomó la cabecera municipal e incendió viviendas, una gasolinera y varios automóviles, en una jornada de violencia que hasta ahora ha dejado una docena de víctimas mortales. Ya durante la tarde de ese día habían circulado en redes sociales advertencias sobre balaceras supuestamente sostenidas en los rumbos de Puerto Libertad y Puerto Lobos, en las inmediaciones de la ciudad, así como en el vecino municipio de Pitiquito; pero fue al anochecer cuando el ataque se centró en la cabecera municipal, donde la mayor parte de la población escuchaba, recluida en sus casas, disparos de armas de grueso calibre y estallidos de granadas.

Sin embargo, sólo sería sería hasta ayer, sábado, cuando habrían sido hallados 10 cuerpos sin vida, tirados al borde de la carretera que une a Caborca con Sonoyta, que se sumaron a dos que habían sido encontrados el día anterior en la zona donde se produjo la agresión armada.

Tras los hechos, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad (una instancia creada a principios de 2019 para fortalecer las estrategias de seguridad entre los tres niveles de gobierno) informó que había instruido el desplazamiento a la región de diversas corporaciones policiacas, y que elementos de la policía municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como personal del Ejército y Guardia Nacional, se habían apostado ahí para resguardar la zona del enfrentamiento. Aparte de los destrozos, sólo detectaron dos vehículos blindados, un fusil Barret de alto poder y el cuerpo de un presunto atacante abatido. Es decir, los restos de una batalla más, librada entre facciones de la delincuencia organizada que, por lo menos hasta ahora, nadie puede o se atreve a identificar con claridad.

Como en otras poblaciones de la República, en Caborca hechos como el del pasado viernes no constituyen una novedad, pese a la intensidad de su violencia. Hace exactamente un mes, la Mesa, arriba mencionada, anunció, en conferencia de prensa sobre operativos llevados a cabo en tres localidades sonorenses. Una de ellas era precisamente Caborca, donde fueron detenidas cuatro personas y confiscados un par de fusiles Barret, municiones, chalecos antibalas y un par de vehículos blindados: se trataba de la punta de un iceberg que hace dos días se manifestó en toda su dimensión.

El problema que para la población de los estados permeados por el narcotráfico representa la constante lucha entre organizaciones del narco es complejo, incluye muchas variables y no se va a solucionar con declaraciones efectistas ni con medidas improvisadas. Pero cualesquiera que sean esas medidas urge identificarlas y aplicarlas, porque la interminable pugna territorial del crimen organizado lesiona gravemente no sólo a sus protagonistas, sino al conjunto de la sociedad.