La modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte implicó para el país un cambio en materia laboral asentado en el capítulo 23, el anexo 31-A y el protocolo modificatorio, así como en el marco legal mexicano.

El T-MEC busca garantizar derechos como la libre asociación sindical, la participación democrática en esas organizaciones, la legitimación de los contratos colectivos y el combate al trabajo forzoso e infantil, entre otros, así como el establecimiento de paneles para dirimir las controversias.

Para ello, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley HR430, que establece medidas más drásticas para la vigilancia de la reforma laboral en México, un comité interagencial conformado por el Departamento de Comercio y el Departamento del Trabajo, así como agregados laborales en la embajada estadunidense en México que enviarán reportes sobre los avances de la implementación de la reforma laboral aprobada en 2019.

La prioridad es en los sectores automotriz y aeroespacial, así como en las industrias alimentaria, electrónica, del acero y aluminio. De igual forma, en call centers y otras actividades.

A través de una línea telefónica las autoridades estadunidense podrán recibir denuncias y quejas anónimas, incluso de los trabajadores mexicanos.